Policiales
Un año signado por graves dificultades
Desde el juzgamiento de Luzi hasta el crimen de Nora Dalmasso, pasó de todo en el Poder Judicial. El incendio intencional y depredador a los Tribunales de Corral de Bustos marcó el punto más preocupante.
.
|
Con el asesinato de Nora Dalmasso sobre el tapete, el Poder Judicial cierra un año caracterizado por los sinsabores. Mientras ordena la continuidad de la actividad estival sin el beneficio de las vacaciones en la ciudad de Río Cuarto, a 250 kilómetros de la capital, en la sede central los armarios se cerraron por los próximos treinta días.
La apertura del año con el mítico delincuente Martín “el Porteño” Luzi en el banquillo de los acusados de la Cámara Séptima del Crimen - en una de las últimas defensas profesionales del desaparecido penalista Oscar Eduardo Roger- auguró un tiempo de buenaventura. Sin embargo, a poco de andar los inconvenientes superaron a las esperanzas.
Toda la expectativa del años se concentró en la primera llegada de Luzi al estrado de la Cámara del Crimen, custodiado por los grupos especiales de la Policía. No era para menos: a su mala fama de secuestrador violento le agregó la magia que tiñe a los delincuentes que se fugan de un penal de máxima seguridad.
Luzi estuvo el año anterior dando vueltas durante dos semanas por la localidad riojana de Vinchina, donde fue detenido por una comisión policial. Se había fugado espectacularmente de la cárcel de Bouwer.
La investigación judicial comenzó el mismo día de la fuga, el 13 de agosto, deteniendo a seis guardiacárceles que se encontraban en servicio ese viernes en el penal.
Hasta la fecha la causa se encuentra en estado de investigación, sin que se hayan fijados los hechos y elevado a juicio las sospechas contra Luzi, sus dos cómplices y los seis guardias.
Secuestro confesado
El hecho de la fuga aún no fue juzgado, pero el secuestro extorsivo del productor sojero Marcelo Dezzotti quedó definitivamente cerrado cuando Luzi admitió ante los jueces que era el autor, pidiendo disculpas públicamente a la familia de la víctima.
Un mito delictivo desaparecía del firmamento cordobés con la sanción. La Justicia pagaba la primera gran cuenta que esperaba el ciudadano común. A su viejo estilo, con jueces técnicos sin necesidad de maquillaje.
Aún falta la otra mitad de la historia que permanece en el escritorio del fiscal de Instrucción Víctor Hugo Chiappero. Deberían saberse este año las condiciones en que Luzi se fugó de una prisión inexpugnable. ¿Existió una ayuda interna?, la pregunta resulta más que importante. Si efectivamente existió una connivencia dolosa entre los integrantes del Servicio Penitenciario y Luzi, podría sostenerse que el descubrimiento de la verdad en este proceso en mucho más trascendente que los que protagonizará en este año “el Porteño”.
Violencia familiar
La escena judicial además presentó un fenómeno lacerante para el tejido social: la violencia familiar. La escalada de violencia puertas adentro movió tardíamente todos los resortes de la represión, ante la falla evidente de la prevención.
El caso Nachito, un bebé de dos meses asesinado de un puñetazo en la cabeza en el barrio San Roque, culminó con la prisión perpetua de su padre Cristian Arce, en un juicio celebrado en la Cámara Undécima del Crimen. En rigor de verdad, ninguno de los participantes en el juzgamiento de semejante naturaleza piensa que la mera sanción, por más grave que sea, soluciona el problema.
El caso insignia de la violencia doméstica, Ludmila, que destapó la discusión escondida debajo de la alfombra, llegará a los estrados judiciales cordobeses en los primeros meses del próximo año.
Funcionarios con jurados
El fiscal Anticorrupción Hugo Amayusco sacudió el año en el momento de la despedida enviando a juicio a los primeros funcionarios delasotistas que se sentarán en una Cámara del Crimen ante jurados populares. La conducción del IPAM encabezada por Edgardo Schmal, fue investigada por una denuncia presentada por prestadores que aseguraron haber pagado coimas para destrabar cobros y garantizar la prestación de los servicios.
El fantasma de la investigación de funcionarios públicos en los despachos despejó las dudas con la elevación a juicio ordenada por el fiscal Anticorrupción.
Calle de nadie
La violencia nocturna en las calles de la ciudad se cobró una víctima la madrugada del 8 de enero de 2005, cuando cayó asesinado a golpes de puño y puntapiés el joven Marcos Spedale de 16 años. Cerró la cuenta pendiente de la Justicia cordobesa la Cámara Décima del Crimen con la condena a cuatro de los siete involucrados.
No obstante, las puertas cerradas del juicio contaminaron toda la información a su alrededor y hasta dejaron en muchos casos aspectos incomprensibles de la sentencia que debió haber sido el reflejo de la audiencia. Una situación que quedó en el debe del Poder Judicial y necesita revisar la legislación para los mayores que siendo menores en el momento del hecho no deberían ser escondidos a la consideración pública. El caso Spedale y sus consecuencias deberían servir para la reflexión.
Justicieros
Los justicieros Juan Escobedo e Iván Tapia Manera, terminaron con suertes disímiles en sus apariciones ante los Tribunales provinciales. Escobedo defendió a escopetazos su camioneta Ford F 100 en la puerta de su casa de Villa Páez abatiendo a un joven de 16 años. Un exceso en la legítima defensa lo depositó por seis años en la cárcel. Tapia Manera, un policía taxista que mató a su asaltante recibió, con mucho esfuerzo, el beneficio de la absolución por la Cámara Octava del Crimen.
En este contexto se cerró un agitado año con la detención de un sospecho de ser el violador serial de anciana. La última esperanza.
|
|
|
La morosidad
Las causas que aguardan en el alto cuerpo judicial una resolución de la Sala Penal se amontonan sin solución de continuidad.
Está claro que el máximo tribunal de la Provincia admite y exhibe públicamente una morosidad en la resolución de las apelaciones que le son requeridas por las partes de los procesos penales.
La morosidad de las resoluciones judiciales es un mal endémico que terminó entre los agitadores profesionales e interesados, y los asistentes espontáneos, en un incendio sin precedentes en los Tribunales de Corral de Bustos. La investigación está recién en su comienzo. Contar con una respuesta urgente para la gente que acude a la Justicia es el requisito para recuperar la imagen que el tiempo muerto en los anaqueles judiciales se llevó por un agujero negro.
El polémico Medina Allende
Un juicio con tanto contenido político que todo lo que toca parece quedar manchad: el del dirigente radical Luis Medina Allende, sospechado de haber ordenado el asesinato del ex senador radical Regino Maders, ocurrido el 6 de setiembre de 1991 en la puerta de su casa de Residencial Vélez Sársfield. El crimen desató una batalla judicial que aún no parece resuelta.
El motivo central de la desavenencia es nada más ni nada menos que la integración de jurados populares, un remiendo a la Justicia cordobesa con la que se pretendió maquillar la declinable imagen de sus integrantes.
Mientras, la defensa de Medina Allende se inclina por excluir a los jurados populares argumentando que al momento de cometerse el crimen de Maders no estaba en vigencia la mencionada ley y por lo tanto afecta el principio de defensa en juicio y el juez natural, el Tribunal y el fiscal Carlos Ferrer sostienen que ninguna de las dos garantías constitucionales está afectada.
La causa marcha mensualmente y a una velocidad asombrosa, teniendo en cuenta los tiempos del Poder Judicial de la Cámara Novena, al Tribunal Superior, encontrándose en la última instancia con una recusación masiva de los miembros del máximo cuerpo de dirección judicial.
Está claro que el fiscal y los jueces necesitan compartir la responsabilidad de la sentencia a Medina Allende con una delegación de representantes populares, que no podrán aprender derecho en cinco minutos, según la brillante definición del juez de la Corte nacional Eugenio Raúl Zaffaroni.
Con jurados populares la endemoniada figura pública de Medina Allende pierde totalmente las chances de sentarse en un juicio con reglas de juego claras. Los jurados sentencian lo que ven en la sala de debate sin tener la menor noción de la investigación de los hechos ni de la valoración de las pruebas, un contrasentido con la idea del juicio oral y público que prestigió a la Justicia cordobesa en el resto del país, hecho no advertido por el propio Tribunal Superior.
La escuela de las garantías constitucionales, que exhibía con orgullo la Justicia cordobesa, dejó paso a las ideas blumgberianas montada sobre la ingeniería de la sospecha.
|
|
|
|
|
|
El Tribunal Superior de Justicia admitió su propia morosidad en la resolución de las causas.
|
|
|