José Ortega - Darío Sbarato (*)

Nos sorprendimos cuando un caracterizado miembro de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú exigió “respeto” a los ciudadanos argentinos y uruguayos que pretenden cruzar el Río de la Plata en los vehículos de la empresa Buquebús.

Es dable inteligir que, conforme el razonamiento efectuado por el activista, resultaría una falta de respeto intentar trasladarse allende el río color de león, habida cuenta de que frente al derecho de los pasajeros de movilizarse libremente por el territorio y las aguas del Mercosur, utilizando los servicios de transporte habilitados a tal efecto, existe un mejor derecho, que el asambleísta califica como “supremo”: el de ellos. ¿Derecho a qué?
¿Derecho a un ambiente sano? ¿Derecho al desarrollo sustentable? ¿Derecho a expresar opinión sobre el emprendimiento efectuado, en los términos del Estatuto del Río Uruguay? ¿Derecho a promover y realizar estudios independientes? ¿Derecho a revisar la información disponible? ¿Derecho a formular propuestas?
Hace ya más de un año, inclusive frente al propio gobernador entrerriano, nuestro Centro, a través de los que suscriben, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta dolorosa disputa. Desde un inicio, definimos al caso como una tensión social e institucional, y no como una falla en el entorno. Es claro que el hecho (la degradación) requiere todavía de una comprobación objetiva, pero también es insoslayable que la controversia es real, palpable y por cierto muy grave. Por ello caracterizamos a la cuestión como un “conflicto” ambiental (resistencia al emplazamiento de las pasteras) suscitado por la posible verificación de un problema ambiental (la contaminación de las aguas y su entorno).

La razonable resistencia del pueblo de Gualeguaychú a ser víctima de la contaminación, obliga a precisar el concepto y a probar las posibles vías de polución, que en la teoría y el discurso se pueden definir de modo tan amplio que resulta prácticamente inmanejable. En la gestión ambiental, para demostrar cuándo se contamina o cuando no, debemos salir de fórmulas vacías o demagógicas, y traducir ese juicio de valor en datos, cifras, mediciones, etc., lo que supone profundos compromisos, hoy declamados, pero no concretados en la gestión pública y privada.

En la arenga de la asamblea, se reclama “respeto”. Etimológicamente, el vocablo proviene del castellano “respectar”, a su vez originado en la voz latina “respectare”, intensivo de “respicere” (atender), derivado a su vez de “specere” (mirar). Respetar es no dejar de considerar, es actuar sin perder el sentido de la proporcionalidad y de la reciprocidad.

¿Respeta el medio ambiente una provincia que carece de legislación ambiental suficiente, y que exhibe duras derrotas en tribunales por autorizar emprendimientos claramente reñidos con el desarrollo sustentable? Desconocemos si a la fecha Entre Ríos y Gualeguaychú han dictado, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, mínima normativa general y particular de ambiente.

¿Respeta el derecho colectivo a un medio ambiente sano una gestión pública que apenas si funciona como una cámara de resonancia de vecinos dominados y enceguecidos por el miedo? Los arquitectos del reclamo vecinal, puestos a ejecutar la política ambiental de la Nación, no acertaron con ninguna de las pocas medidas ensayadas hasta la fecha, ni en el conflicto de Gualeguaychú, ni en ninguno de los que han pretendido resolver. Bueno es recordar su militancia febril en favor de numerosas causas de gran importancia, por ejemplo la legítima demanda de los vecinos de Alta Córdoba por la presencia de DDT en un depósito de SENASA, de la cual los hoy funcionarios han tomado prudente (e irrespetuosa) distancia.

No es válido determinar en términos abstractos el costo ambiental de un proyecto de desarrollo, con independencia del lugar específico de ubicación de las condiciones ambientales de éste. Para establecer el costo ambiental de un proyecto de desarrollo se debe indicar cual es la interrelación específica entre las condiciones ambientales de la cuenca y los impactos ambientales del proyecto.

El 80 % de la industria papelera mundial actual emplea la tecnología que -según los estudios de impacto presentados en Uruguay- utilizaría este emprendimiento. No hace mucho tiempo la propia CEPAL proponía a Latinoamérica en sus estudios tomar el modelo finlandés de producción de derivados de la madera, cuya última fase es la instalación de empresas fuera del país de origen. Clausurar las empresas por razones tecnológicas implica tomar, desde el Estado, una posición más que concluyente sobre la producción del papel, y quizá sobre el papel mismo. Al fin de cuentas, los problemas y conflictos ambientales contemporáneos no se deben necesariamente al empleo de tecnologías obsoletas, sino a la falta de idoneidad en su implementación y a la carencia absoluta de controles. Así, si Ence traslada su emprendimiento, el esfuerzo de las autoridades de aplicación -y la lucha de la sociedad civil por impedir la construcción de esta planta- debería verificarse activamente también, en la zona elegida recientemente para su emplazamiento.

Volvemos sobre la necesidad de ilustrar, a estas horas del debate, con estudios de base que pueden realizarse echando mano a herramientas brindadas por el propio Estatuto del Río Uruguay: los derechos de inspección y de investigación desinteresada, sin militancia empresaria o panfletaria, otorgando buenas posibilidades de aporte constructivo a la investigación, en particular pensando en las serias disputas generadas en la comunidad. Quizá ello también permita ponderar cuánto daño provocan tanto las acciones como sus represalias, medidas en tiempo perdido por transportadores y pasajeros, cargas percudidas, turistas frustrados, contaminantes liberados al entorno por la quema de cubiertas, contracortes y campañas de desprestigio desde ambas orillas que han lastimado a los dos países.

Aunque, si algo está claro, es que esta línea de trabajo no interesa a los activistas ni a los dirigentes políticos encargados de gestionar. Quizá debamos esperar que lo proponga Greenpeace, o -por qué no, y ello sería todo un halago-, la despampanante reina del Carnaval de Gualeguaychú.


(*) Directores del Centro de Investigación y Formación en Salud Ambiental, Escuela de Salud Pública, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba.