Al menos 18 de las demandas civiles iniciadas por familias de Río Tercero, perjudicadas por las explosiones ocurridas en noviembre 1995 en la Fábrica Militar, esperan sentencia en los próximos días.
Así, lo anticipó ayer el juez Federal Subrogante, Oscar Valentinuzzi, que entiende en la causa; sentó con esta resolución jurisprudencia para los 11 mil damnificados que esperan una respuesta de la Justicia. Valentinuzzi ordenó ayer al Estado nacional pagar una indemnización de unos 22 mil pesos a ciudadanos damnificados a Nieves Amelia López de Rodríguez.
Se trata de la primera sentencia favorable que firma el magistrado de Río Cuarto que, si bien tiene antecedente en una sentencia de 2002 dictada por la Justicia Federal de Buenos Aires, sienta jurisprudencia para otras demandas similares presentadas por los damnificados de las explosiones de la Fábrica Militar.
Las «próximas 18 sentencias» se conocerán en breve, dijo el juez en declaraciones radiales, aunque por el momento se desconoce si también serán de resolución favorable para los damnificados. Aun así, el magistrado dejó en claro que existe la posibilidad de que el Estado nacional apele la resolución.
Por el mencionado fallo, la Nación deberá pagar 11.500 pesos a la damnificada, que sumados los intereses rondaría “los 22 mil pesos, más costas”, según explicó Valentinuzzi. “Se trata de daños materiales y por disminución del valor de la vivienda por los daños producidos por la explosión”, recalcó el juez.
Si bien dejó en claro que la Nación podría apelar la sentencia, también dijo que este primer fallo sentaría jurisprudencia en las demandas existentes. Por cada una de ellas, se reclama un resarcimiento de unos 60 mil pesos, lo que haría un total de 600 millones de pesos. En caso de que estas primeras 150 demandas sean favorables, la erogación ascendería a los siete millones de pesos, según fuentes del Juzgado Federal.
Al mismo tiempo, también resolvió convocar a una audiencia de conciliación entre la Nación y las partes en conflicto para el próximo 22 de agosto a las 9, en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El artículo 1101 del Código Civil Argentino establece que no se podrá condenar en juicio civil antes de que haya condena en la causa criminal, en lo que se denomina «prejudicialidad penal». No obstante, el magistrado ordenó al Estado, en este caso, a pagar una indemnización.
