Las relaciones de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) y la gestión de Luis Juez fueron tirantes desde el principio y así lo manifiestan una y otra vez debido a las gravosas consecuencias que trajo para el crecimiento de la Capital provincial durante cuatro años. “Esta Cámara tuvo su motivación de origen en muchas dificultades del sector, pero primordialmente fue la mala predisposición hacia el mismo con que inició su gestión el doctor (Luis) Juez. Se puso todo bajo sospecha pública, sin saber que para que haya un fraude en un edificio o urbanización tiene que violarse un Código de Edificación que es absolutamente preciso, con muy pequeñas cosas libradas al criterio o sentido común”, dijo el presidente de la institución, Martín Amengual, en el almuerzo de fin de año, al cual asistieron empresarios y periodistas.

Mientras pronunciaba el discurso, los desarrollistas festejaban el fin de años de trabas y el alejamiento de la subsecretaria de Planificación e Integración Urbano, Rosa Harari, quien una y otra vez se negó a dar la aprobación a emprendimientos, a pesar de que respetaban las normas establecidas; lo cual generó un retraso no sólo para la actividad sino para el desarrollo urbanístico de la ciudad.

“Tenemos un Código antiguo y malo, pero es lo que hay. O se cambia o se respeta. Y mientras no se cambie, se debe respetar. Por eso propugnamos hasta el cansancio la creación de un organismo municipal con arquitectos seleccionados para modernizar las normas, en lo cual se está trabajando”, agregó Amengual.

Muchas de las decisiones de la administración juecista siguen vigentes, por lo que desde la CEDUC pidieron al intendente electo, Daniel Giacomino, la derogación de la tasa del derecho de edificación, ya que no guarda ninguna relación con la contraprestación municipal. “Si se piensa en utilizarla para infraestructura nos parece que la única forma de garantizarla es que vaya a un fideicomiso específico para tal fin, sino se perderá seguramente en el agujero sin fondos de los gastos municipales”, aseguró el titular de la entidad.

Cabe recordar que esa tasa había sido derogada en la gestión de Germán Kammerath a fin de alentar la construcción, pero Juez la repuso como una forma recaudatoria más, obligando a los empresarios a pagar un porcentaje en función de un determinado valor del metro cuadrado, más determinados coeficientes que se multiplican por la cantidad de metros previstos; lo cual se convierte en un costo más para la actividad.

Asimismo, sugirieron que Giacomino imite lo realizado en España para canalizar una verdadera expansión urbanística, sin precedentes en forma ordenada e inteligente. Para ello, se necesita una ley que distribuya la plusvalía de las tierras urbanas en forma equitativa entre el propietario y el municipio. “Hoy la plusvalía queda únicamente en los propietarios de la tierra, siendo que esta renovación lleva una serie de costos en infraestructura no sólo de servicios sino social que tiene que afrontar la Municipalidad con recursos de toda la comunidad”, señaló Amengual, al tiempo que advirtió que si se mantiene así “apenas se enteren que un barrio se está por renovar, los terrenos automáticamente valen el doble”.

EPEC, en la mira
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) fue cuestionada por los desarrollistas a raíz del decreto 978, por el cual se autoriza a cobrar un cargo a los compradores de departamentos, destinado a financiar obras de infraestructura de energía. “La red de energía es de EPEC y es lógico pensar que como vendedor de energía su costo está incorporado al precio del KW. Entendemos que el congelamiento de la tarifa afecta sus recursos para obras, pero también debemos decir que no vemos un sacrificio equivalente en el costo operativo de esa empresa. Por lo tanto, propugnamos lisa y llanamente que se derogue este decreto porque es intrínsecamente injusto”.