Funcionarios municipales y directivos de Cliba comenzarán a discutir el lunes una nueva tarifa por el servicio de limpieza de la ciudad, que tendría como piso un canon mensual de 13 millones de pesos, el pago de tres meses adeudados y la redeterminación de actualizaciones pendientes de julio y octubre.

Al menos estas son las exigencias de la empresa para seguir limpiando la ciudad a partir del 3 de marzo (fecha de finalización del contrato vigente) y hasta que termine el proceso licitatorio que todavía no ha comenzado y que llevaría el inicio de la futura prestación recién para mediados de 2009.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el jueves una “prórroga” sin fecha de finalización del actual contrato, hasta que esté listo el servicio. Fue una curiosa decisión del cuerpo por tres cuestiones decisivas: lo que debe sobrevenir no es una prórroga sino un nuevo contrato; ninguna empresa firma un contrato sin fecha de finalización, mucho menos en el actual contexto inflacionario; y, además, una decisión de estas características expresa un acuerdo de partes que nunca existió.

Directivos de la empresa se lo dijeron a este diario el mismo jueves y hoy se lo comunicaron al resto de los medios: sin rediscutir las condiciones económicas y financieras, Cliba no seguirá recolectando basura en Córdoba.

Es una postura de máxima de Cliba, seguramente para llegar mejor a la negociación, porque a la empresa no le ha faltado voluntad para proseguir con el servicio, cuyo contrato de concesión venció hace ya 14 meses -13 de diciembre de 2006- y tuvo que someterse al verdadero caos de la política de Luis Juez en materia de prestaciones y contrataciones.

Sin embargo, da la sensación de que después de la prórroga por seis meses del contrato que expiró en diciembre de 2006 y las dos contrataciones directas acordadas con el ex intendente, Cliba quiere esta vez ponerle un mínimo de racionalidad a su relación contractual con el municipio, al cual está vinculada desde hace 22 años.

Para la negociación que comenzará el próximo lunes, bajará de Buenos Aires un alto directivo del Grupo Roggio, Rodolfo Freire, gerente general de la firma, con las expectativas de mínima de que el municipio le cancele los tres meses adeudados, las actualizaciones pendientes consolidadas de junio y octubre y un nuevo canon a pagar con estas redeterminaciones incluidas.

Si se tiene en cuenta que el último certificado pagado es por el mes de octubre y que ascendió a 10.900.000 pesos, y que las dos actualizaciones importan indexaciones por un 8,5 y un 9 por ciento, aproximadamente, el canon pretendido estaría ligeramente por sobre los 13 millones de pesos.

Un dato a favor del intendente y que habla de una disposición muy distinta que la de su antecesor; es que Giacomino pretendería una ampliación del servicio, que desmejoró mucho en los últimos cuatro años. Por eso, el jefe comunal plantearía la necesidad de incorporar servicios y frecuencias.