Luego de conocidos los fundamentos de la sentencia absolutoria de la Cámara Novena del crimen, dictada a favor de Luis Medina Allende, sospechado de haber ordenado el asesinato del ex senador radical Regino Maders, el impacto producido por la resolución judicial no termina de dimensionarse dentro y fuera del Poder Judicial.

Se trata de la resolución judicial más importante de los últimos años, obviamente por la trascendencia que tiene el tema que aborda y porque se cierra de una manera absolutamente distinta a la acostumbrada.

Desde el asesinato de Regino Maders, ocurrido en los primeros minutos del 6 de setiembre de 1991, en la puerta de su casa de barrio residencial Vélez Sars-field, el motivo y la investigación pasaron a ser un tema de mucho interés.

No puede dejar de señalarse, si se pretende una crítica seria, que el homicidio de Maders contó con ingredientes políticos aupados por los medios de comunicación, dando por cierto los que una Cámara del Crimen dio por falso 16 años más tarde.

Descartando hipótesis del crimen pasional o en ocasión de robo, o por venganza o por cualquier otro motivo, la causa de la muerte quedó fijada en la supuesta corrupción estructural de entonces que el ex senador Maders presuntamente investigaba. La sentencia señala que ni siquiera se pudo probar que Maders haya investigado nada. Mucho menos que hayan sido -las investigaciones tiradas al boleo- sobre una presunta sobrefacturación y tráfico de drogas en los vehículos de la EPEC o el remanido tema del juego de máquinas de videopóker, y que Medina Allende tuviera algo que ver en ello.

La versión periodística cargó con la hipótesis familiar, apuntalando las sospechas con generosas páginas durante 16 años, creando un estado de conciencia social que cuatro jurados reflejaron en la fundamentación de sus votos.

Más aún, periodistas y denunciantes se agolparon durante muchos años en la puerta del despacho del juez Guillermo Johnson a la espera de novedades en la investigación, que eran encargadas a un grupo de policías retirados integrados por Hugo Síntora, el autor material de los dos disparos mortales.

Necesitó el caso 16 años para que una Cámara del Crimen explicara a aquellos desavisados comunicadores que el juez John-son incumplió con sus deberes y demoró la investigación por diez años. Diez años de ocultamientos, simulaciones y mentiras terminaron con la verdad en el basurero. El juez y la querellante Teresa Maders eran víctimas de las mentiras de un grupo de policías perteneciente a los grupos de tareas de la dictadura militar comandados, según la sentencia, “por el tristemente célebre comisario Telleldín”.

A pesar del reto que la Justicia le endilgó por su pésima investigación, Johnson fue premiado políticamente de la mano de la desaparecida dirigente Leonor Alasia con una candidatura a la Gobernación y una diputación nacional durante el reinado menemista. Teresa Maders resultó, más tarde, diputada provincial y subsecretaria de Estado en el gobierno de José Manuel de la Sota.

No existe crimen en Córdoba que haya dado tantos réditos políticos.


Preguntas sin respuestas

Si el juez Johnson recibió una severa descalificación por parte de la Cámara, cabe preguntarse entonces ¿a qué se refería cuando su queja se levantaba mediáticamente señalando que desde el poder “entorpecían su tarea”? La función que desplegaba era intencionalmente neutralizada por los mismos sujetos que participaron en el homicidio. Las irregularidades llegaron tan lejos que Síntora, condenado a prisión perpetua como el autor material del crimen, adquirió una moto para su uso particular con fondos de la investigación. Increíble pero cierto ya que, además, conservaba el ciclomotor cuando la Cámara Primera del Crimen lo condenó a perpetua.

Nadie puede dejar de sospechar que tanto intento mediático para instalar la tesis del crimen político no terminara impactando fuertemente en los ciudadanos que por obra y gracia del ex gobernador José Manuel de la Sota (en un inútil esfuerzo por complacer a Juan Carlos Blumberg cuando éste asociaba seguridad a penas altas), fueron convocados para integrar los tribunales del crimen.

Está claro que el destinatario de semejante medida fue el propio Poder Judicial y sus jueces técnicos (curiosamente los de mayor prestigio en el interior del país), a los que le agregaron ocho jurados populares con la finalidad de dejar la decisión en manos de la gente. Muchos y muy graves resultaron los inconvenientes que este engendro entre técnicos y legos presentaron hasta la fecha.

Pero el juicio a Medina Allende transparentó la situación. La Cámara, con una didáctica sentencia argumentada por José Pueyrredón, que contó con la virtud de hacer fácil el engorroso tema, se pronunció sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de votar al presidente del juicio en caso de que existan jurados populares y en igual sentido sobre la obligación de fundar el voto de los legos.

En palabras simples, todos votan y cada uno funda su propia opinión, como lo manda la Constitución provincial. Por primera vez los jurados quedaron en la intemperie obligados a mostrar su razonamiento. Cuatro de los ocho jurados decidieron votar por la condena de Medina Allende y desnudaron los viejos prejuicios que arrastran desde la época que alguna edición dominical ofrecía una versión politizada del crimen de Maders.

Resulta muy grave jurídicamente la valoración probatoria esgrimida por los jurados apoyando su decisión condenatoria. Se basan en la valoración de los indicios que llevaron a Medina Allende al enjuiciamiento en grado de probabilidad, señalando que el propio TSJ lo admitió. En rigor de verdad, no pudieron distinguir la diferencia de los “indicios probables” que el TSJ confirmó, con una prueba de certeza que permita una condenación.

El razonamiento, que pondría en situación de destitución a un juez técnico por desconocimiento inexcusable del derecho, vulnera la máxima garantía constitucional del principio de inocencia.