La Cámara Séptima del Crimen dispuso penas que van de los 3 a los 16 años para 55 de los 59 reclusos. Cuatro de ellos fueron absueltos. El tribunal ordenó, además, que se investiguen las causas que desataron el motín para establecer la responsabilidad penal de los funcionarios y a Sergio Barrera, quien era el director de Seguridad de la cárcel durante la revuelta.