La Justicia ordenó ayer el traslado de los detenidos en la ex cárcel de Encausados a otras dependencias del Servicio Penitenciario de Córdoba y sostuvo que el edificio «no es apto» para alojar a los presos.

Como respuesta, el ministro de Gobierno, Carlos Caserio, anticipó que los detenidos irán a las comisarías que estén en buenas condiciones, como sucedía antes. Un grupo sería trasladado a Bouwer, donde se intentará habilitar un pabellón.

La orden judicial se determinó luego de que el lunes se generara un motín en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), de barrio Güemes, que se prolongó durante cinco horas.

La Defensoría del Pueblo de la Nación, a través de un comunicado oficial, informó que la Justicia hizo lugar al pedido de hábeas corpus presentado por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino.

El funcionario había denunciado en 2007 «las degradantes condiciones de detención (de la cárcel), hacinamiento de los internos y su ubicación en lugares no aptos para el alojamiento debido al mal estado del edificio».

Ayer, el juez de Control 2, Gustavo Rinaldi, ordenó al fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, que «instruya a los fiscales de Instrucción para que las personas detenidas no permanezcan alojadas en el edificio de la ex cárcel de Encausados sino el tiempo mínimo indispensable».

La resolución judicial exige además al ministro de Gobierno «que en un término no mayor de 72 horas produzca un informe circunstanciado sobre la situación edilicia de la ex cárcel de Encausados y las condiciones de alojamiento de quienes allí se encuentren detenidos».

De hecho, el martes, tras la resolución del motín, unos 20 presos de la ex Encausados fueron trasladados al penal de Bouwer, en el Gran Córdoba.


Datos preocupantes

Un trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo de Córdoba arrojó como resultado que las penitenciarías de Bouwer y de San Martín tienen una superpoblación de 600 presos.

Además, registran malas condiciones laborales para los guardiacárceles.

El informe indica que en Bouwer hay 447 internos de más, mientras que en San Martín son 150. Estos presos representan el 12 por ciento de la población carcelaria, que es de 4.870 personas en toda la provincia de Córdoba.

La defensora del Pueblo, la radical Jessica Valentini, denunció asimismo las malas condiciones de trabajo en que desarrollan sus tareas los agentes penitenciarios.

Valentini señaló que, como ejemplo, los guardias utilizan ladrillos conectados a cables de electricidad para calentar agua. «Las cárceles son un espacio propicio para la subversión de valores fundamentales e inherentes a la dignidad humana, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran los internos», dijo.