El poder es una sustancia peligrosa. En última instancia, el poder es violencia, y la violencia puede degenerar en sufrimiento y muerte. Sin embargo, es una sustancia indispensable para la vida en sociedad. A lo largo de la historia humana, el poder ha sido, junto con las relaciones sexuales, la única energía a la que el hombre ha intentado dotar de reglas de funcionamiento. No importa si las sociedades fueran tribales, feudales o capitalistas: todas se han dado estructuras de gobierno destinadas a establecer las regulaciones dentro de las que podría actuar el depositario del poder político.

Como sustancia que es, el poder tiene ciertas características que le son propias. Una de las más relevantes es que el poder tiende a concentrarse en una sola persona, un árbitro final de todos los conflictos e intereses del sistema. El poder tiende a ser uno, y esta es una regla de alcance universal.

De allí el problema de la teoría política a lo largo del tiempo: ¿Cómo hacer para que la persona que detente el poder no utilice las múltiples posibilidades que otorga esta energía para sojuzgar a sus súbditos? Porque si el poder es, en el fondo, una promesa de violencia y si tiende indefectiblemente a concentrarse en una determinada persona, justo es colegir que tal persona puede ser infinitamente peligrosa si no se le pone freno alguno.

Han sido múltiples las respuestas a este problema. La más conocida es la del constitucionalismo liberal (injustamente denostado como “democracia burguesa” por los experimentos fascistas y comunistas), que consiste en generar una ficción utilitaria de dividir el poder en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cada uno con funciones claramente diferentes y con controles y contrapesos mutuos. En este modelo (que adopta diferentes formas) se reconoce que el poder político debe descansar en una sola mano, sea el Presidente, Primer Ministro o Rey, pero con una serie de reglas de funcionamiento que validan su ejercicio y que procuran limitar las prerrogativas del poderoso para evitar abusos o crímenes contra sus gobernados.

Aunque muchos han calificado esta división del poder como absurda y contra natura, debido a la certeza de que el Poder es uno y no puede ser compartido, lo cierto es que este modelo ha funcionado razonablemente en sus premisas iniciales. Como prueba en contrario, piénsese cómo les ha ido a los países (Argentina incluida) que por el motivo que fuere abdicaron de la división de poderes y los métodos republicanos de selección y limitación de sus autoridades.


Poder compartido es menos poder

Más allá de nuestra firme creencia en que el constitucionalismo liberal ha tenido éxito en su cometido no puede soslayarse un hecho aparentemente paradojal pero que, sin embargo, representa la clave de bóveda de cualquier sistema político, cual es que el poder, en definitiva, no se comparte. Uno -y sólo uno - debe ser quien termine tomando las decisiones ejecutivas, más allá de la mayor o menor perfección de las reglas de toma de decisión y de la independencia de los poderes del Estado. Como energía que es, el poder compartido termina siendo menos poder y esto, en una situación de crisis, puede terminar alentando a ese otro gran demonio de la política que es la anarquía. Porque si las sociedades consienten en que existan unos pocos que manden y muchos otros que obedezcan, lo hacen tan sólo para prevenir y alejar el fantasma del caos, que suele aparecer cuando, precisamente, el poder desaparece.

Es precisamente esto lo que preocupa en la Argentina actual, el problema del poder político. Desde un punto de vista formal, no deberían existir mayores inquietudes, dado que el país se ha dado, apenas 4 meses atrás, un gobierno electo por el 45% de los argentinos. También desde una perspectiva fáctica, la Presidenta puede jactarse que ha heredado un país con tasas de crecimiento envidiables, un apreciable incremento del empleo formal y un esquema económico que, con sus claroscuros, fue avalado masivamente en las urnas. Las perspectivas internacionales siguen siendo favorables a la Argentina y - más allá de la espantosa alineación con Chávez y Correa - nada hace pensar que semejante desatino tenga consecuencias inmediatas sobre la Nación. Sin embargo, la sensación pública es de un creciente desasosiego y temor. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
En primer lugar, parecería que el “doble comando” ilustrado por el profesor Duhalde realmente existe. Néstor Kirchner es percibido como el presidente en las sombras, y su consorte como la presidente formal. Y se sabe que, en política, “ser es percibir”. Esto genera una lectura pública bastante elemental pero de consecuencias potencialmente peligrosas: el poder está compartido, y no se sabe quién está realmente al timón. Y, como hemos dicho, poder compartido es menos poder.

En segundo lugar y como resultado de lo anterior, el matrimonio presidencial apela a sus instintos ideológicos más primordiales, más básicos, para tratar de encasillar el origen de la actual crisis. Por ello, recurren a conceptos como la oligarquía, la conspiración, los golpistas, los derechos humanos, Videla, etcétera. Nada de esto es creíble, fundamentalmente porque quienes hoy parecen ser sus adversarios, constituyeron su soporte electoral en los pasados comicios. Al no percibir claramente que sus apoyos devinieron de la complacencia social sobre la marcha económica nacional (que tiene bastante poco de progresista, dígase al paso) y no su discurso político, Néstor y Cristina tienden a utilizar categorías políticas que no “calzan” con sus votantes y que, lejos de procurarle sustento, alejan a las grandes mayorías moderadas de su sistema de alianzas.

En tercer lugar, la sensación nacional de temor encuentra una fuente nada desdeñable de preocupación en el hecho que existen grupos con el poderío suficiente como para paralizar el país sin que el Estado pueda hacer nada para impedirlo. Sean piqueteros K como no K, camioneros, ruralistas o fundamentalistas verdes, cualquiera puede cortar rutas, calles o puentes sin consecuencia alguna. Esta ha sido otra de las derivaciones de la técnicas de “compartir el poder” que ha alentado el Estado Nacional desde la época de De la Rúa; en otras palabras, de consentir la violencia privada compitiendo con el supuesto monopolio de la “violencia legítima”. Y, como se ha visto, si el poder se queda sin el argumento íntimo de echar mano a la fuerza pública, se vacía de contenido, y los ciudadanos perciben que todo puede suceder. A tal punto se ha llegado que nadie espera que el Estado pueda reprimir corte de ruta alguno o desalojar un puente internacional, y esto es tan grave como inaudito.

El cuarto elemento de este complejo panorama es el vaciamiento de la política que se ha operado en el país. Es en este punto donde se aprecia el patético aporte del “que se vayan todos” y del progresismo redentor que se abalanzara sobre el discurso social en los aciagos días finales de 2001. Tanta duda se ha sembrado sobre los políticos tradicionales, tanta iracundia para con aquéllos que pensaran distinto a las tonterías de la “nueva política”, tanto manoseo sobre las instituciones (hecho que no puede ser únicamente cargado sobre los hombros K) y tanto menosprecio sobre el rol de los partidos políticos, que el país se ha quedado sin programa alternativo de gobierno. El poder no tiene reemplazo por otro poder equivalente. Ni los De Angeli, ni los Moyano o los D’Elía son posibilidades serias. Ello explica porqué la sociedad presenta crecientes grados de angustia frente a la perspectiva de otra crisis: no aparece recambio a la vista. Ni dirigentes, ni programas alternativos con el peso suficiente como para domeñar la adversidad. Este es un legado de la irresponsabilidad con la que se han manejado los medios de comunicación y los políticos oportunistas frente a la crisis del final del delarruismo. En cierta manera, los K son víctimas ocasionales del mismo discurso que los llevó al poder.


¿Nueva alineación de los planetas juecistas?

En este contexto, es difícil hablar de una política plenamente local. Tanta es la dependencia de gobernadores y de intendentes para con el gobierno central que los cabildeos e internas territoriales se limitan a exteriorizar su alineación o disenso con la Casa Rosada.

Ya hemos hablado sobre el exitoso malabarismo de Juan Schiaretti en relación con el conflicto agropecuario, y de cómo, sorprendentemente, esta maniobra de flaqueo le alcanzó para fortalecerse como aliado distante de la Presidente y como módica autoridad del PJ nacional. Pocos argentinos deben estar tan interesados en que el conflicto agropecuario se resuelva de buena vez como el gobernador de Córdoba: el éxito puede ser efímero en este país unitario con disfraz federal.

Pero lo que ha sorprendido en la semana que concluye es el súbito cambio de opinión de Luis Juez con respecto a las retenciones agropecuarias. Después de pavonearse en cuanto piquete rural recalara en contra de esta política nacional, ha declarado que no está “ni a favor ni en contra” de estas gabelas y que no asistiría a la reunión agropecuaria que se llevó a cabo ayer en Victoria “porque no juzgaba oportuno hacerlo en medio de la tregua” con el gobierno nacional. Vale recordar que, dos semanas atrás y estando vigente la misma tregua que hoy dice respetar, asistió a una reunión con agricultores en San Francisco donde disparó munición gruesa contra los K y sus políticas.

Pero no solamente en estos temas ha alterado su discurso. Tras reiterar filípicas contra Giacomino y su alianza con Cristina, sostiene hoy Juez que el Frente Cívico es un espacio plural, y que bien pueden coexistir dirigentes aliados y opositores al gobierno K dentro del mismo. Amén de la cínica y cruel sonrisa sobre semejante mezcolanza conceptual, debe reconocerse que la reflexión es toda una novedad para el líder del “fin del choreo” y que detiene, por el momento, la escalada con su sucesor. Asimismo, y en el mismo tren de sospechas, debe también tomarse nota que sus encuentros con Mario Negri se han reducido ostensiblemente en los últimos días.

¿Por qué está haciendo estas cosas Luis Juez? Si bien no puede menospreciarse el hecho largamente demostrado de su carencia de programas y de escrúpulos, algo ha ocurrido para que, en el lapso de tan poco tiempo, el universo juecista haya alterado tan rápidamente la alineación de sus planetas. ¿Se estará incoando alguna reunión entre Néstor y Luis como en los viejos tiempos? ¿Habrán llegado mensajes que, para el 2011, nada está definido en Córdoba, y que no vale la pena distanciarse tanto? Son especulaciones que en los próximos días comenzarán a develarse y que podrían reafirmar que la política local ha terminado siendo una extensión territorial de la política de la Nación. Y aún más para aquéllos que hacen de este juego su peculiar modo de subsistencia mediática.