A pesar de que viven hace años en sus casas, no son los titulares. En la ciudad se estiman que unas 61.000 viviendas están en condiciones de irregularidad, lo cual significa alrededor del 20 por ciento del total, según estimaron desde la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba.

Los inconvenientes se plantean por distintos motivos como lotes con usos de suelo no aptos para vivienda (industriales, rurales, etc.), falta de ejecución de infraestructura básica, errores en la delimitación de parcelas colectivas e individuales, violación de la normativa de urbanización, trámites administrativos inconclusos para la aprobación del loteo entre otros.

“Los loteos en proceso de regularización son considerados como si fueran nuevos emprendimientos, no teniendo en cuenta que son ya existentes, por lo que se solicitan requisitos que en la práctica resultan imposibles de cumplir, en casi todos los casos innecesarios”, comentó Bibiana Masueli, técnica del equipo de regularización.

Si bien los directivos de la dependencia no tienen índices de comparación, consideran que es elevada la cifra de unidades habitacionales en esas condiciones y preocupa la composición: la mayoría son planes de viviendas municipales y provinciales llevados a cabo durante las gestiones anteriores, incluso en la década del ’80, cooperativas y lotes comercializados de manera fraudulenta; los cuales no están en condiciones de escriturar y permitir que los poseedores pasen a ser propietarios. Sebastián Rosa, subdirector de Políticas Urbanas, explicó que de las más de 60.000 viviendas detectadas de manera preliminar, 38.000 corresponden a barrios provinciales y 23.000, a municipales más las cooperativas y lotes fraudulentos. “La inseguridad en la tenencia deja en condiciones de vulnerabilidad y precariedad a las familias, trayendo entre otras consecuencias la desinversión en el mejoramiento de las viviendas y profundiza la segregación urbana”, explicó el funcionario.

Desde hace dos años, el municipio lleva adelante el Programa de Regularización Urbana, que es muy complejo y con resultados a largo plazo porque hay que “de-sempolvar” proyectos antiguos, buscar certificados de obras por mencionar las primeras actividades tendientes a la regularización.
La iniciativa apuesta a mejorar las condiciones de habitabilidad en cuanto a condiciones ambientales y acceso a servicios básicos, lograr la obtención de instrumentos legales perfeccionados de tenencia del suelo y establecer marcos de trabajo conjunto para los diferentes actores sociales. Para ello, se plantea un trabajo con legisladores y organismos competentes que permita la adecuación de la normativa existente, la cual no contempla muchas de las situaciones existentes, obstaculizando el proceso. También la generación de cartografía actualizada para conocer la situación actual de los loteos y sus construcciones y en aquellos casos donde sea necesario, hacer rediseño de loteo así como también completar y mejorar la infraestructura básica.

Asimismo, se avanza en la creación del Registro de Ocupantes de barrios municipales, que permitirá la simplificación de los trámites administrativos y burocráticos necesarios para alcanzar los títulos individuales, mediante el relevamiento y seguimiento de los ocupantes reales de viviendas.


Montos y convenios

De acuerdo a las estimaciones de la Dirección de Hábitat, se necesitarían poco más de 24 millones de pesos para llevar a cabo el programa. De ese presupuesto, el 90 por ciento se destinaría a la provisión de infraestructura y la realización de mesuras significa 1,5 millones de pesos. “Pretendemos en cuatro años terminar entre el 70 y 80 por ciento de los 66 barrios municipales y 48 cooperativas”, afirmaron los funcionarios.

Los planes de viviendas municipales y provinciales que se encuentran en situación irregular no pagan impuestos en ninguna de las dos órbitas estatales hasta la regularización dominial debido a un acuerdo suscripto entre las dos administraciones. Por su parte, las cooperativas pagan por la totalidad de la parcela y, en el caso de villas, están exentas por ser tierras fiscales.

A fin de posibilitar que los poseedores puedan escriturar -luego de un trámite que demanda años por la complejidad- se están generando convenios entre la Municipalidad y el Colegio de Escribanos para que los profesionales sólo cobren los costos del trámite, pero no sus honorarios.