La vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que su país trabajó para «garantizar» que el acuerdo entre Marsans y el Estado nacional sobre Aerolíneas tuviera elementos que contribuyan a la «seguridad jurídica».
«Es un tema que afecta a una compañía privada, pero quiero señalar que el gobierno ha estado informado en todo momento» dijo la número dos del ejecutivo.