El gobierno de la Nación decidió ayer dejar sin efecto la polémica Resolución 125 que impuso las retenciones móviles, luego de que el Senado rechazara el jueves el proyecto elevado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el que buscaba transformar en ley dicha normativa.

El anuncio fue formulado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; quien, acompañado por el ministro de Economía y Producción, Carlos Fernández; leyó el Decreto 1776 del Ejecutivo, a través de la cual instruyó al ministro a que “limite la vigencia de la Resolución 125” y sus complementarias.

Es decir, que el decreto de la mandataria nacional no anuló directamente el esquema de retenciones móviles, sino que delegó esta decisión en su asesor en el Palacio de Hacienda. En este marco, se esperaba a últimas horas de anoche que la cartera económica instrumentara a través de tres resoluciones la limitación de la norma.

Según informaron fuentes gubernamentales, Fernández se encontraba firmando una norma en la que deroga definitivamente la Resolución 125, mientras que las otras dos vuelven a poner en vigencia las que pusieron en marcha un esquema similar al que regía antes del 11 de marzo.

Todas estas modificaciones entrarían en vigencia a partir del lunes, una vez que se publiquen en el Boletín Oficial. Además, se aclaró que quienes vendieron entre el 11 de marzo y el lunes próximo, tendrán que pagar retenciones de acuerdo con las retenciones vigentes en este período; es decir, que no habrá derecho a reclamar reembolsos.

Es importante destacar que se trata de una noticia excelente para Córdoba, habida cuenta de que permitirá que la economía privada provincial recupere unos 700 millones de dólares que ya se consideraban “perdidos”, teniendo en cuenta el mayor aporte que iba a salir desde la jurisdicción mediterránea como consecuencia del aumento en las retenciones a las exportaciones de soja. Al respecto, cabe recordar que la provincia conforma junto a los distritos de Santa Fe y Buenos Aires el principal núcleo sojero del país, concentrando alrededor del 30 por ciento de la producción nacional.

El mencionado cálculo surge al tener en cuenta que, según las cifras provisorias difundidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la Provincia, la producción de la oleaginosa en la campaña 2007/2008 fue de 11,5 millones de toneladas. Así, si se multiplica esta cifra por los 536 dólares por tonelada fijados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, esto arroja como resultado unos 6.100 millones de dólares, de los cuales, con el esquema de derechos de exportación que rigió desde marzo hasta ayer, el Estado se hubiese llevado el 45,6 por ciento; es decir, más de 2.800 millones de dólares. En cambio, al volverse las retenciones al 35 por ciento que regía antes del 11 de marzo, el aporte a las arcas nacionales se reduciría a poco más de 2.100 millones de dólares.

Es importante subrayar que en todos los casos se trata de cifras estimativas, ya que es imposible saber hasta ahora cuánto se vendió y cuánto no de la cosecha, aunque se especula con que la mayor parte sigue intacta en los silos bolsa a la espera de la posibilidad de obtener mejores dividendos. Asimismo, no se tomaron en cuenta en el cálculo los cultivos de girasol, por su bajo aporte en la producción agropecuaria general provincial, y de maíz y trigo, en los que el porcentaje de retención varió muy poco con la Resolución 125, lo que implica que con o sin esta normativa el monto aportado es relativamente siempre el mismo.


Reactivación económica

En este marco, lo concreto entonces es que la medida adoptada por el gobierno nacional permitiría que Córdoba “retenga” 700 millones de dólares, lo cual es visto positivamente no sólo por el propio sector agrícola sino por el resto de los sectores económicos.

Es que una de las principales características de los productores rurales es que no son propensos a ahorrar el dinero, sino más bien a reinvertirlo en las localidades de las que son oriundos. Por caso, el boom que tuvo la construcción en los últimos años y el fortísimo crecimiento registrado en el sector automotor, que batió récords históricos en las ventas de cero kilómetro y usados, se dio principalmente a raíz de los excedentes del campo que se destinaron a la construcción de inmuebles y a la adquisición de automóviles y camionetas. Asimismo, el sector público también mira con buenos ojos la eliminación del polémico decreto y la consecuente reactivación de la actividad económica y comercial ya que esto significará la recuperación del nivel de recaudación que había decrecido notablemente en los últimos meses, al punto de que muchos municipios tuvieron que retrasar el pago de los sueldos o del medio aguinaldo. El principal inconveniente es que tanto las industrias como los comercios tributan en base a sus ventas; por lo que, al estar paralizada la actividad, los ingresos por este concepto se derrumbaron estrepitosamente.


La nueva resolución

Puntualmente, el Decreto 1776 leído ayer por Alberto Fernández dispone: “Instrúyese al señor ministro de Economía y Producción de la Nación para que en uso de sus facultades limite la vigencia de las resoluciones Nº 125 de fecha 10 de marzo de 2008, su modificatoria 141 de fecha 13 de marzo de 2008, su derogatoria 64 de fecha 30 de mayo de 2008 y sus complementarias 284 y 285 del 18 de abril de 2008”. Asimismo, instruye a Carlos Fernández a que disponga la “vigencia de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) iguales a las dispuestas por las resoluciones ministeriales 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007”.

En la práctica, la vuelta atrás al esquema que regía antes del 11 de marzo implica que los derechos de exportación en el caso de la soja bajen del 45,6 por ciento de la víspera al 35 por ciento; los de girasol del 41,2 por ciento al 32 por ciento; los de maíz de 26,2 por ciento a 25 por ciento; mientras que los de trigo subirán del 26,5 por ciento al 28 por ciento (ver infografía).