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Viernes 19 de Septiembre de 2008  
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Política
concertacion publico-privada
Oficialismo admite más objeciones al proyecto
El bloque del Frente Cívico fracasó en su intento de aprobar el despacho de mayoría, durante la reunión conjunta de cuatro comisiones. El lunes continuará la discusión, que está centrada en la posibilidad, planteada por la oposición, de exigir a la empresa una mayor contraprestación.

En un par de horas lo que parecía un trámite simple se transformó en una nueva demora para el tratamiento del convenio que el municipio firmó con la empresa Edisur, y que dará pie a la denominada concertación público-privada, a través de la cual la administración municipal planea conseguir recursos privados para financiar obras de infraestructura para la ciudad.

La reunión conjunta de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Presupuesto y Hacienda, Legislación General y Salud, no resultó como se esperaba. Llamativamente, el oficialismo dio lugar a las objeciones planteadas por la oposición -que apuntaban básicamente a la ganancia empresaria en relación a la contraprestación ofrecida- y decidió pasar a un cuarto intermedio para el día lunes. Si bien desde el bloque del Frente Cívico aseguraron que el proyecto cuenta con el aval necesario para su aprobación (necesita sólo de mayoría simple), llama la atención que no impusieran su calidad de mayoría y hayan pospuesto el debate para la próxima semana.

Tal como se había anticipado, el despacho elaborado por el oficialismo incluye una importante modificación al convenio original, ya que, además de las obras de infraestructura comprometidas por más de 10 millones de pesos, se le exige a la empresa Edisur la construcción de dos centros de salud, uno en barrio Estación Flores y el otro en Parque República. Lo que no está claro es si la responsabilidad de la empresa constructora es sólo sobre la infraestructura de los dispensarios o si también deberán afrontar el costo del equipamiento. En caso de ser esto último, se calcula que el gasto adicional rondaría el millón de pesos.

La nueva propuesta, que demandó casi un mes de debate, no fue aceptada por los bloques de la oposición que plantearon la necesidad de solicitar una mayor contraprestación por parte de la empresa. En el caso del bloque radical, una de las propuestas es exigirle a Edisur completar una de las obras inconclusas de la ciudad, como es la culminación de la denominada Ronda Urbana, iniciada durante la gestión del ex intendente radical Rubén Martí.

De todas maneras, tanto el radicalismo como el olguismo consideran que el instrumento de la concertación público-privada es positivo, y están dispuestos a votar a favor de la iniciativa, siempre y cuando se realicen las modificaciones propuestas.

Por el lado del oficialismo, las aguas se dividieron tras el discurso pronunciado por el intendente Daniel Giacomino la semana pasada y que profundizó la herida en el seno del Frente Cívico y Social. Sin embargo, cabe aclarar que, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos como el de la construcción de un subterráneo en la ciudad, el ex intendente Luis Juez jamás se pronunció en contra del proyecto, al menos públicamente.

Por lo pronto, el bloque del FC pedirá preferencia para el tratamiento del proyecto en la sesión del próximo martes. De no mediar ningún imprevisto, el debate en el recinto se concretaría en 15 días.


Plusvalía

El argumento que esgrime la oposición para no acompañar el proyecto tal como está planteado actualmente es que las obras comprometidas (completar cuatro kilómetros de la Costanera sobre La Cañada y abrir una traza desde esa vía hasta la Circunvalación, entre otras cosas), benefician básicamente a la empresa privada, ya que elevarán la valuación de los emprendimientos que posee en la zona. En función de ello, piden equiparar dicho beneficio (plusvalía) exigiéndole mayores inversiones en obra pública.

Parte de estos argumentos no sólo son compartidos por la oposición, sino también por algunos concejales juecistas, quienes se inclinan a favor de elevar las demandas a cambio de la aprobación del convenio.

El dato a tener en cuenta es que el acuerdo tiene una fecha de caducidad: el Concejo Deliberante tiene sólo 30 días para aprobarlo; en caso contrario la empresa puede retirar la inversión prometida, ya que el convenio firmado a mediados de junio establecía un plazo máximo de dos meses para analizar, debatir y ratificar o rectificar el convenio. Vencido el plazo, el mismo se prorrogó por 30 días más, que ya comenzaron a correr.


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Basura: piden una licitación “transparente”

El precandidato a intendente del radicalismo, Mario Rey, junto a otros dirigentes realizó una presentación en la oficina Anticorrupción de la Municipalidad, en la que solicita la “intervención en el proceso de licitación para la contratación del servicio público de higiene urbana para la ciudad de Córdoba a los efectos de efectuar un exhaustivo control de la transparencia del proceso”.

Según el comunicado, el pedido es motivado por “las versiones que indican que un importante sector sindical, vinculado al Sindicato de Camioneros estaría interesado en participar del proceso licitatorio y que dicho “emprendimiento” contaría con un guiño de destacados funcionarios del gobierno nacional”. Por ello solicitan que se informe algunas cuestiones vinculadas a las empresas que participen de la licitación, para dar mayor transparecia al proceso.



El Frente Cívico pedirá preferencia para el tratamiento del proyecto el próximo martes.


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