Unos cuatrocientos fiscales, fiscales generales y defensores públicos de todo el país se reunirán a fin de mes en Villa Carlos Paz en las XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, donde se discutirá, en medio de una cargada agenda, sobre la independencia funcional y autonomía financiera de las fiscalías generales con relación al Poder Judicial.

El encuentro fue presentado ayer por el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien expresó su posición a favor de la “independencia de los poderes (del Estado) con autarquía funcional y económica” del Ministerio Público, con un modelo similar al existente en los EE.UU.

El funcionario, quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por la fiscal General Adjunta Liliana Malvasio y el director de la Policía Judicial, Federico Storni, admitió que se trata de “un tema que genera polémica” y aceptó tácitamente que ese modelo de autonomía respecto a la Justicia puede “generar sospechas de vinculación con determinado poder o sector”, lo que, según explicó, no existe en Norteamérica por el tiempo que el modelo lleva funcionando.

“Si se puede lograr una autarquía financiera o económica es evidente que la dependencia es mucho menor o prácticamente nula”, señaló Vezzaro como posición intermedia al desprendimiento total de la Fiscalía General, para lo cual habría que reformar la Constitución Provincial.

Otro tema que se tratará en las jornadas que se realizarán el 29, 30 y 31 de octubre próximo en el hotel Portal del Lago es la situación de las defensorías públicas, que en Córdoba depende del Tribunal Superior de Justicia y que no está organizada bajo la conducción de un “coordinador” de los defensores oficiales, que encamine las políticas del área. “Creemos que es momento de discutir estos temas”, dijo Vezzaro.

Fuera de los ítems de políticas judiciales, varios serán los platos fuertes del congreso. El problema de la cuestión de la trata de mujeres, que genera “preocupación” en el Ministerio Público, será el eje de una de la veintena de conferencias previstas.

Al respecto, para el viernes 31 está prevista la presencia de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la joven tucumana que desapareció víctima de una red de trata de personas, y Heidi Gómez, agregada en la Embajada de los EE.UU.

Otro eje saliente del evento se debatirá en el marco del Consejo Nacional de Procuradores Generales, Fiscales Generales y Defensores públicos y girará en torno a las prioridades investigativas de los responsables de la instrucción de las causas penales.

Aunque el evento es de carácter nacional e incluso habrá funcionarios invitados de países latinoamericanos, es mayoritaria la presencia de cordobeses entre los expositores, marcando seguramente la jornada con la específica realidad cordobesa.


Posiciones en pugna

La posición de Vezzaro sobre la autonomía del Ministerio Público -que él mismo admitió no tiene actualmente correlato en proyecto alguno- no es compartida por la actual composición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. En cambio, tuvo su momento de impulso, nunca concretado, durante la gestión del ex gobernador José Manuel de la Sota, cuyo fiscal General, Carlos Baglini, mantuvo una tensa relación con el máximo órgano de Justicia.

En diálogo con la prensa, el jefe de los fiscales admitió que uno de los argumentos “bastante fuertes” contra la autonomía de la Fiscalía es el que sostiene Domingo Sesín, vocal del Tribual Superior. Según comentó Vezzaro, éste considera que “perteneciendo el Ministerio Público en el Poder Judicial, se judicializa o se da el manto judicial a la totalidad de sus actuaciones”. “Porque no sé si estamos acostumbrados a darle tanto valor a las acciones del Ministerio Público cuando no depende del Poder Judicial, como en la Nación”, reflexionó el funcionario judicial.

El reclamo de autonomía económica también está presente, al igual que durante la conferencia nacional de jueces de todo el país que también se realizó en Córdoba hace tres semanas. “Al confundirse en (las mismas) cuentas el dinero de uno y otro siempre resulta difícil saber hasta dónde uno puede gastar o no, porque lo principal es el Poder Judicial, y yo (la Fiscalía) soy una herramienta, una pieza más del funcionamiento del Poder Judicial”, argumentó.