El intendente Daniel Giacomino sumó ayer una importante victoria legislativa (apuntalada en buena parte por Luis Juez). Con el voto de todo el bloque del Frente Cívico, el del radicalismo y otros dos ediles de la oposición, el Concejo Deliberante aprobó el convenio firmado por el municipio con la empresa Edisur, que dará inicio al mecanismo de la concertación público-privada, a través del cual el intendente planea sumar inversiones en infraestructura para la ciudad.

Luego de cuatro meses de debate, los concejales le pusieron el broche final al proyecto que posibilitará “el desarrollo urbanístico de la zona sudeste de la ciudad”, tal como lo sostuvo el intendente, quien participó de la sesión acompañado por parte de su Gabinete.

Tal como había adelantado LA MAÑANA, los ediles desecharon la posibilidad de postergar el debate y en la reunión conjunta de las cuatro comisiones (Legislación General, Desarrollo Urbano, Salud y Hacienda), que se desarrolló temprano por la mañana, lograron el consenso necesario para aprobar un despacho de mayoría, que sumó además el apoyo del bloque de la UCR y de los concejales independientes Fernando Masucci (ex Eva Duarte) y la peronista Graciela Nicolás.

La polémica que precedió su tratamiento, a raíz de las acusaciones lanzadas por el bloque Eva Duarte, que lidera Olga Riutort, también se hizo presente en el recinto. El concejal Miguel Siciliano reiteró las acusaciones de corrupción expuestas por su bloque en los medios de prensa y adelantó que solicitarán la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.

La sospecha de corrupción lanzada por el olguismo provocó la reacción de todo el bloque del Frente Cívico y también del radicalismo. A su turno, todos los concejales que expusieron tuvieron duras palabras para Riutort y defendieron la transparencia del proyecto. Entre las más enérgicas, Alejandra del Boca, titular de la Comisión de Desarrollo Urbano, sostuvo que las acusaciones no tenían ningún fundamento y que las mismas obedecen sólo a una “disputa política”.

Del Boca fue además la encargada de refutar los argumentos esgrimidos por Siciliano (quien tomó el protagónico ante la ausencia de Riutort) para fundamentar su rechazo al proyecto. El cuestionamiento de Siciliano apuntaba a que el convenio incluye la rezonificación de terrenos que, por no generar ningún tipo de plusvalía, no se les exige la contraprestación correspondiente por parte de la empresa.

El intendente también se encargó de responderle a Riutort. Dijo que “no tiene autoridad moral para hablar de negociados”. A la vez, defendió el proyecto asegurando que “será la primera vez que el municipio reciba una contraprestación por un cambio de ordenanza”. Sostuvo además que la concertación es “una de las columnas vertebrales” de su gestión, aunque aclaró que no se trata de una herramienta para poder financiar obra pública, sino que es “un instrumento de desarrollo urbanístico de la ciudad”.

El acuerdo se cerró ayer por la mañana durante la reunión de las cuatro comisiones que se extendió durante más de tres horas y en la que no faltaron las chicanas y acusaciones cruzadas. En la misma estuvieron presentes funcionarios municipales y autoridades de la empresa Edisur, además de los concejales que participan en cada una de las comisiones intervinientes.

Tras arduas deliberaciones, los concejales decidieron ratificar el convenio firmado el 11 de julio pasado por la Municipalidad con la Sociedad Fiduciaria del Sur S.A. y la sociedad Edisur, y cuyo plazo se vencía el próximo martes. También se definió que el proyecto fuera tratado en la sesión de ayer, en lugar de esperar una semana, como se había propuesto en un momento por sugerencia del ex intendente Luis Juez para «depejar dudas respecto a la transparecia del proceso».


Marco regulatorio

Con el bloque del Frente Cívico unido detrás del proyecto de la concertación público-privada y atento a que la crisis financiera mundial ha puesto freno en algunos desarrollos urbanísticos, Giacomino quiere avanzar en el marco regulatorio del mecanismo.

Como se recordará, ante la falta de consenso, el Ejecutivo decidió retirar la ordenanza madre que había enviado al Concejo y en su lugar adoptó la estrategia de debatir cada convenio en particular, siguiendo el lineamiento utilizado por ciudades como Rosario.

El largo y desgastador proceso para aprobar el convenio firmado con Edisur, provocó un replanteó a la propuesta que en su momento no prosperó. La idea es ahora aprovechar el parate de la industria de la construcción y avanzar en la elaboración de un marco regulatorio, como paso previo al tratamiento de los futuros convenios concertados.

En principio se giraría nuevamente el proyecto original del Ejecutivo, pero con algunas modificaciones, como la de determinar que un porcentaje de la plusvalía empresaria, es decir de las inversiones comprometidas como contrapartida, sea destinado a programas específicos, como viviendas sociales o salud, tal como lo sugiere el proyecto de la concejala oficialista Marta Juárez.