Con la licitación del servicio de higiene urbana encaminada a declararse desierta, la Municipalidad de Córdoba se enfrenta a un nuevo desafío. La actual prestataria, Cliba, informó que dejará de brindar el servicio, obligando al municipio a poner en funcionamiento, anticipadamente, un plan de emergencia para garantizar la recolección de basura y barrido en la ciudad.

La empresa ya anticipó que no está dispuesta a firmar una nueva prórroga al contrato, cuya última extensión vence el próximo jueves. Los argumentos apuntan a las limitaciones financieras de la Municipalidad para afrontar el costo del contrato, lo que contribuyó a incrementar aún más la ya abultada deuda que el municipio mantiene con la empresa. Estos compromisos se originaron en la gestión del ex intendente Germán Kammerath, que se cancelaron sólo parcialmente durante el mandato de Luis Juez. La deuda acumulada por el gobierno de Daniel Giacomino asciende a 51 millones de pesos, que sumados a los cerca de 35 millones de arrastre, totaliza un pasivo cercano a los 90 millones.

“No podemos seguir financiando el déficit de la Municipalidad”, señalaron fuentes empresariales.

Por su parte, el vocero de Cliba, Agustín Heredia, apuntó que en estas circunstancias “es imposible seguir prestando el servicio”. Para Heredia, la gravedad de la situación radica, además, en el incremento que registra dicha deuda, debido a que el municipio sólo cancela parcialmente el canon mensual que actualmente ronda los 16 millones de pesos. El dato no sorprende si se tienen en cuenta las dificultades financieras que afectan al municipio, que se agravan con la caída de la recaudación. Por caso, actualmente la Contribución Inmobiliaria destinada a financiar el servicio de higiene urbana y también del alumbrado público, recauda apenas 8 millones de pesos al mes, la mitad de lo que necesita para cubrir el costo de sólo uno de los dos servicios.


Despidos y paro

En este marco, la empresa comunicó a sus empleados que prescindirá de sus servicios. En principio, a partir de hoy comenzarán a enviar los telegramas de preaviso de despido, según lo informado ayer tras la reunión que mantuvieron representantes de Cliba con autoridades del gremio que nuclea a los trabajadores de la prestataria (SURBAC) en la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Ante el inminente cese de tareas, los empleados de Cliba decretaron un paro por 24 horas a partir de ayer a las 21 horas, por lo que la ciudad amanecerá más sucia que de costumbre. Además, decretaron el estado de asamblea permanente y tomaron la planta de la empresa ubicada sobre la avenida de la Circunvalación. Hoy se reunirían con representantes del gremio de los camioneros, quienes llegarían a Córdoba para interiorizarse acerca de la situación de los trabajadores que serían despedidos.

«La empresa nos comunicó que no está en condiciones de garantizar la fuente de trabajo de ninguno de los cerca de 1.100 trabajadores», aseguró Luis Torres, del SURBAC.

Al enterarse de la situación, el intendente Giacomino solicitó una audiencia a la Secretaría de Trabajo de la Provincia, que se concretaría hoy a las 11.30 con el fin de destrabar el conflicto y restituir el servicio.

Asimismo, convocó a una reunión urgente a la empresa Cliba, representantes sindicales, integrantes del Ejecutivo municipal y concejales de la comisión de adjudicación de la licitación.

Cabe destacar que una nueva extensión al contrato escapa a las facultades del Ejecutivo municipal, que ya agotó todas las instancias que permitía la contratación directa que acordó el ex intendente Juez con la empresa el año pasado, luego de más de un año de sucesivas prórrogas al contrato inicial, que caducó en diciembre de 2006.

Durante su mandato, Juez demoró inexplicablemente la elaboración de los pliegos de licitación, aun cuando gozaba de un contexto de crecimiento económico -y de la recaudación- más que favorable que le hubiera permitido aprobar el pliego sin mayores dificultades. En lugar de eso, Juez optó por relegar a un segundo plano el contrato de mayor envergadura y el más oneroso de la administración municipal. Tampoco hizo mucho por regularizar la deuda con la empresa, heredada e incrementada por Giacomino. Si bien firmó un convenio con la UNC para determinar la deuda (la prestataria reclamaba 57 millones de pesos y la aditoría determinó que eran 38 millones), al finalizar su mandato ésta se mantuvo prácticamente inalterable en valores nominales.