Por Alfredo Felix Blanco / Especial para la Mañana

Aunque aún falte conocer los detalles, los anuncios de la Presidenta de la Nación en la reunión de la UIA pueden ser agrupados en tres conjuntos de medidas. Uno de ellos es simbólico, otro es estéril y el tercero es muy limitado.

Lo Simbólico: El Ministerio de la Producción.

Es el anuncio de crear un Ministerio de la Producción; nadie puede negar que es alentador, en lo subjetivo, la decisión de que exista un área en la que la actividad productiva sea su prioridad y objetivo esencial. En plena fase de crisis del capitalismo financiero internacional, no puede dejar de verse con simpatía la decisión. Pero es igualmente cierto que no es mediante la creación de organismos que se morigerarán los efectos de la crisis económica, que tan obstinadamente negaba el gobierno hasta hace tan sólo algunas semanas.

Lo estéril: la “seducción” al capital.

Un resultado positivo de las medidas tendientes a la “repatriación” de capitales del extranjero es más una expresión de deseos que una posibilidad objetiva. Las decisiones de “blanquear” capitales “fugados” dependen de un conjunto de factores que exceden en mucho los incentivos planteados en la norma proyectada.

Las expectativas sobre la evolución futura de la economía, la permanencia de las reglas de juego y la calidad institucional son elementos mucho más determinantes de ese proceso de decisión, y es justamente en ese territorio donde las autoridades de nuestro país pueden acreditar sus mayores torpezas.

Lo limitado: la reducción del costo laboral.

El tercer conjunto de medidas apunta a incentivar el “blanqueo” de personal y la reducción del costo laboral de las nuevas incorporaciones (reduciendo al 50% y al 75% las cargas en los primeros años).

Si el gobierno estuviera definitivamente dispuesto a aceptar que sus expresiones sobre la “invulnerabilidad” de Argentina ante la crisis fueron consecuencia de la ignorancia, podría entonces comprender que el primer problema a atacar es el de aquellos que tienen empleo y están en riesgo de perderlo.

Es decir que la reducción del costo laboral debería referirse a los ocupados, aunque ello significara un mayor costo fiscal. En este caso resulta cierto aquello de que “lo barato sale caro”; el temor a incurrir en un costo fiscal elevado (o lo que es peor una subestimación de la crisis) ha llevado al gobierno a elegir medidas que no permitirán moderar efectivamente los costos de la crisis.

Aceptar un poco más de costo fiscal hubiera sido más inteligente.