Inadi delegación Córdoba exhortó ayer al comisario inspector Abel García, titular de Investigaciones de la Departamental San Martín, a que se rectifique o ratifique sus dichos vertidos el 18 de marzo en El Diario On Line de Villa María.

El funcionario policial habría asegurado durante una entrevista que “la mayoría de las prostitutas tienen VIH”, “la gran mayoría de las prostitutas tienen VIH además de otras enfermedades de transmisión sexual. Casi todas las chicas están infectadas y los travestis también”.

Estas declaraciones motivaron la denuncia de organizaciones de la sociedad civil. Así fue como Attta (Asociación, Travestís, Transexuales, Transgeneros Argentina) y Ammar (Asociación Mujeres Meretrices Argentina) manifestaron su repudio y exigieron la inmediata rectificación de los dichos.

El Inadi informó además que hicieron saber a García “que cuenta con un plazo de cinco días para remitir escrito de descargo en relación a todo cuanto estime corresponder”.

La nota fue enviada también a jefe de Policía Alejo Paredes y al Tribunal de Conducta Policial.

En una nota extensa el jefe de la Departamental San Martín habría dejado en claro su posición al respecto del funcionamiento de los bares nocturnos, a los que relaciona con una “abundante entrada de dinero de rufianes de la ciudad y de la zona, que se manejan en vehículos cero kilómetro de 150 mil pesos. Se les ha probado el enriquecimiento ilícito, eso está en expedientes”, agregó el policía.

Por su parte, las trabajadoras sexuales de Córdoba y la asociación que nuclea a Asociación, Travestís, transexuales, transgeneros se manifestaron en contra de estas declaraciones, a la vez que destacaron “el desconocimiento del jefe policial sobre el tema”.

Al respecto, Eugenia Aravena, secretaria general de Ammar aseguró que “las estadísticas indican que las trabajadoras sexuales son las que registran menos índices de contagio de VIH, incluso menos que una ama de casa o cualquier otra mujer, independientemente a qué se dedique”.

Según afirma el medio de publicación, para García, muchos de los que ofrecen sexo en Villa María tendrían que ser investigados por la Justicia por infringir el artículo 202 del Código Penal de la Nación, el que reprime con reclusión o prisión de 3 a 15 años al que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

En otro reducto de la nota el jefe policial afirma: “Hay mocosos que se encaman con ellas y no saben ni dónde están parados. Además, qué culpa tiene la mujer del degenerado que se acuesta con un travesti o una chica infectada. No se está cuidando a la salud”.

Los especialistas aseguran por su parte que el verdadero riesgo no está en la pertenencia o no a uno de grupos de trabajo, sino en la desinformación e irresponsabilidad en las conductas sexuales.

De esto se desprende que, no importando el grupo al cual se pertenezca o la actividad que se ejerza, lo riesgoso es mantener conductas no prevenidas. Por lo tanto, los trabajadores sexuales pueden ejercer sus servicios sin presentar un riesgo para su propia salud o la de sus clientes, siempre y cuando se encuentren apropiadamente informados y concientizados acerca de las medidas de prevención.