• El uniforme de la Tamse tiene una ambigüedad que oscila entre el engaño premeditado y la confesión involuntaria puesto que, más allá de la típica maniobra escénica por distraer a la opinión pública sobre el verdadero motivo de su comparencia ante la comisión que lo investiga, el atuendo dejó bien en claro que Ortiz Pellegrini continúa defendiendo los intereses que afirmó haber dejado de lado; de lo contrario, no se explica la farsa.


La etimología de la palabra “disfraz” no es clara. Al parecer, su forma original fue desfrezar, emparentada con el catalán desfressar y documentada un siglo antes que el correlativo español. El término alude al verbo fresar, que es tanto la acción como la huella que dejan los animales con dicha acción. El término derivaría, a su vez del latín frictiare, del que se procede el término “fricción”. Si a esto se le añade el prefijo “des”, se tiene que la palabra significa borrar las huellas de la fresa, esto es, borrar las huellas sin más.

Según el gran lexicólogo Corominas, el verbo catalán desfressar aparece en el siglo XIV y evoluciona desde el primitivo significado de borrar huellas (frezas) al más moderno de “desfigurar, disimular, falsear”.

En cuanto a la identificación de la palabra con la cosa que llamamos disfraz, debe tenerse en cuenta que los disfraces tienen dos orígenes: el teatro y el culto a los antepasados. Ambas vertientes derivan, a su vez, de los tiempos más remotos, cuando el disfraz posibilitaba a quien lo vestía, la asunción de múltiples personalidades en los cultos religiosos: la indumentaria adquiría connotaciones mágicas, cediendo la conducta del disfrazado a los personajes representados por el disfraz.


Chofer trucho

Los orígenes de este término vienen a nuestra ayuda para reflexionar sobre la conducta de Miguel Angel Ortiz Pellegrini en la reunión de la comisión legislativa que debe investigar si violó o no la prohibición contenida en el artículo 88 de la Constitución Provincial. Como se sabe, el legislador concurrió disfrazado como chofer de la Tamse, aduciendo que lo “acusan por defender a los trabajadores” y dando testimonio de su identificación con la causa proletaria. Fiel a la usanza juecista, procuró generar un impacto mediático que desviara el núcleo del debate que debía afrontar. Sin embargo, el hecho de haberse disfrazado dice mucho más que las explicaciones que no termina de ofrecer a sus pares.

¿Debe Ortiz Pellegrini borrar huellas, desfigurar o falsear su conducta originaria utilizando tal disfraz, conforme lo supone la etimología de la palabra? ¿Necesita vestir la indumentaria de los choferes para representar un personaje que -en los hechos- es muy diferente al real? Parecería que así es. Porque, si no lo fuera, tendría que haber ofrecido explicaciones, no una mascarada; esto es, proporcionar pruebas y no pretender disimularlas.

En el caso que nos ocupa existen certezas ineludibles que, aún disfrazándose de Blancanieves, no pueden ser ignoradas. El legislador litigó contra Tamse al amparo de una norma dictada por el ex intendente Luis Juez, su más cercano aliado político. Tuvo un éxito llamativo al concentrar 590 de estas causas, cuando el abogado oficial de la UTA apenas consiguió representar a un centenar de choferes por el mismo litigio. Una concejala juecista fue el perito de parte nombrada por Ortiz Pellegrini y, cuando le tocó asumir como legislador por el Departamento Capital, cedió el patrocinio a su hijo, aunque después de ello una cédula de notificación firmada de su puño y letra podría desmentir tal alejamiento. Demasiadas casualidades como para no formularse elementales preguntas sobre ética y decencia, temas propios de la épica juecista.

Aunque alguna vez deba proporcionar respuestas adecuadas a estas preguntas, el disfraz utilizado no deja de proporcionar algunas pistas. El uniforme de la Tamse tiene una ambigüedad que oscila entre el engaño premeditado y la confesión involuntaria puesto que, más allá de la típica maniobra escénica por distraer a la opinión pública sobre el verdadero motivo de su comparencia ante la comisión que lo investiga, el atuendo dejó bien en claro que Ortiz Pellegrini continúa defendiendo los intereses que afirmó haber dejado de lado; de lo contrario, no se explica la farsa. Claro es que su defensa no tiene nada de filantrópica, puesto que se prevé que alguien (su estudio jurídico o él en persona) percibirá una suma millonaria en concepto de honorarios. Hasta el más miserable chupasangre se reconciliaría con la clase trabajadora ante semejante estímulo.

Asimismo, no puede soslayarse el hecho que el disfraz escogido denota hasta qué punto le cuesta al legislador juecista asumir su rol de representación. Al definirse como un “defensor de los trabajadores” y, por tal motivo, identificarse con uno de sus posibles uniformes, forzoso es colegir que el carácter de representación de los ciudadanos del departamento Capital es un tema menor en su agenda política y profesional. Bueno sería que recordara que ocupa un escaño en la Legislatura no sólo gracias a sus clientes de la Tamse (quienes probablemente también lo hayan votado) sino merced al sufragio de trabajadores, desempleados, estudiantes, empresarios o amas de casa que, gracias a los esfuerzos de Ortiz Pellegrini y los de su bufete, terminarán pagando las sumas millonarias que aquellos trabajadores reclaman a la Municipalidad. No es de genios adivinar que los recursos para oblar tales sumas saldrán -precisamente- de los bolsillos de los representados por el cuestionado legislador.


La defensa tan esperada

Pero todas son malas noticias para Ortiz Pellegrini. El líder del fin del choreo, Luis Juez, salió a respaldarlo públicamente, terminando con su incómoda carencia de defensores. Como siempre, la defensa consistió en un buen ataque: “Carbonetti, Saieg y Alessandri no pueden ni siquiera ponerlo en penitencia al diablo”, para concluir en que estos personajes no tienen autoridad moral para juzgar a nadie.

Más allá que ni Carbonetti, ni Saieg ni Alessandri tengan nada que ver con la comisión que debe analizar el caso de Ortiz Pellegrini, Juez vuelve a trampear en el razonamiento. Desde su punto de vista, nadie podría evaluar la conducta de su legislador estrella porque todos, excepto los integrantes del Frente Cívico, son ladrones. La consecuencia lógica de tal supuesto sería que la Legislatura es, por definición, incapaz de proceder contra ningún legislador juecista, porque los juzgadores serían más sospechosos que el más sospechado de su cofradía. El mesianismo de tal enfoque confirma nuestras peores sospechas sobre la visión institucional de los más “decentes y honorables” que ha dado la política de Córdoba: es una suerte de fascismo envuelto en un celofán de moralina descartable.

Si sus pares no tienen autoridad para decir nada de Ortiz Pellegrini, ¿quién si no? La respuesta es que, para el juecismo, sólo su líder decide quién es honesto y quién corrupto. Las instituciones, los legisladores o la prensa no están habilitados para proferir semejantes juicios de valor. Es algo así como un calvinismo del subdesarrollo: “no sabemos quién está predestinado a la salvación, pero pertenecer al Partido Nuevo es una señal inconfundible que serás uno de los salvados”, repiten a coro sus acólitos, sin entender demasiado bien hacia donde son conducidos.

Es evidente que esta línea de pensamiento es insostenible, aunque goce de la simpatía de muchos. Es la consagración de la doble moral como sistema lógico, un experimento genético en donde el ADN de la honestidad se encuentra adherido al Partido Nuevo por definición, más allá de las eventuales -y humanas- inconductas de sus miembros. Por tal motivo, póngale el nombre que quiera: en el caso de Ortiz Pellegrini, el monopolio de la decencia cruje por todos lados. Y se nota mucho, por más disfraces que se pongan.