BUENOS AIRES - La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer y giró al Congreso el proyecto de ley de comunicación audiovisual que reemplazará a la Ley de Radiodifusión de la dictadura, con la advertencia que su tratamiento «pondrá a prueba a la democracia».

Asimismo, la mandataria aseguró que defenderá la «libertad de expresión» de todos los argentinos, frente a «suprapoderes» mediáticos que ejercen la «libertad de extorsión» sobre los tres poderes de la República.

Cristina lanzó la ley mediante un discurso transmitido por la cadena nacional y ante un nutrido auditorio integrado por ministros, sindicalistas, periodistas y dirigentes de entidades defensoras de los derechos humanos, y con una manifestación de apoyo en la Plaza de Mayo.

Durante su mensaje, la Presidenta advirtió que la «libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa», y sostuvo que es dominio de «cada uno de los ciudadanos del país».

En medio de una fuerte pulseada con grupos y empresas periodísticos, fundamentalmente el poderoso Grupo Clarín, la Presidenta sostuvo que «el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información, o a la distorsión o manipulación de la otra parte».

La primera mandataria se preguntó por qué razón, desde que concluyó la dictadura militar, «ningún Poder Ejecutivo» democrático sancionó una ley que sustituya a la que se dictó en 1980 para el manejo de medios audiovisuales y lo atribuyó a «presiones» ejercidas por las empresas periodísticas.

En el Día de la Radiofonía, la Presidenta advirtió sobre la existencia de «suprapoderes» que «tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes (del Estado) a partir de la presión».

«Mientras se hablaba de superpoderes, había un suprapoder en la República Argentina, otros poderes sutiles y no tanto, que tienen la suficiente fuerza para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión», dijo, dejando entrever que esos «suprapoderes» son los grandes holdings concentrados.

«Libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión», advirtió.

La norma es duramente cuestionada por sectores de la oposición, el Grupo Clarín y entidades internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP, que representa a los propietarios de medios). En cambio, es fuertemente respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por entidades sociales y civiles, fundaciones y organizaciones intermedias, que se verán favorecidas por la nueva distribucion del espacio radioeléctrico.

La Presidenta recordó que el proyecto también busca rendir homenaje a «los periodistas desaparecidos durante la dictadura» e intenta permitir la inclusión en los medios de organizaciones no gubernamentales, universidades, cooperativas, pueblos originarios, al señalar que «un tercio» de esos medios estará dedicado a esa franja.