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| CRISIS ENERGETICA |
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| La escasez de petróleo y gas obliga
a tomar medidas urgentes |
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| A las restricciones en la oferta
internacional de combustibles se suman factores
internos como la falta de una estrategia estatal
en materia de hidrocarburos, para terminar de pintar
un futuro preocupante. |
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| ALFREDO FELIX BLANCO (*) - Especial
para "La Mañana de Córdoba" |
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Durante el pasado mes de abril,
al presentar sus “Perspectivas de la economía
mundial” el Fondo Monetario Internacional señaló
que el crecimiento económico del mundo en
el 2004 fue del 5,1% (uno de los porcentajes más
elevados de las últimas décadas) y
que para el 2005 las proyecciones arrojan un crecimiento
estimado del 4,3% que resulta también significativo.
Sin embargo, en el informe igualmente se advierte
que la desaceleración podría ser mayor
a consecuencia de algunos factores entre los que
se destacan “los precios altos y volátiles
del petróleo”. Se afirma que “la
persistente vitalidad de la demanda mundial, los
problemas de la oferta y la limitada capacidad excedentaria
probablemente mantendrán elevados y volátiles
los precios del petróleo” y que ello
afectará negativamente la posibilidad de
sostener una tasa de crecimiento como la del 2005.
En la publicación World Energy Outlook 2004
que edita la International Energy Agency (IEA) se
plantea un escenario muy desalentador sobre la probable
evolución del sistema energético mundial
en los próximos 30 años. Si se mantienen
las tendencias observadas hasta el presente, las
necesidades energéticas aumentarán
casi un 60% hacia el 2030.
En una edición del “New York Times”
, Paul Krugman sostuvo que el precio del petróleo
aumenta no sólo por la guerra de Irak sino
también por la limitada oferta mundial.
El conocido economista afirma que el aumento de
la demanda de países como China se enfrenta
a una oferta que no crece al mismo ritmo y que ello
es parte de la explicación de los aumentos,
pero asegura además que desde 1976 no se
descubren nuevos campos petrolíferos importantes
y que los expertos sospechan que “no hay mucho
más por descubrir”.
Consecuentemente, a partir de estas observaciones
puede afirmarse que la economía mundial seguirá
siendo fuertemente dependiente de lo que ocurra
con el mercado del petróleo y que asistiremos
a una creciente exacerbación de los conflictos
por controlar el recurso.
Ello ocurrirá precisamente porque el petróleo
es la fuente de energía primaria más
importante, al representar casi el 35% de la producción
energética mundial. Si se le agrega el gas
natural, cuya producción está íntimamente
ligada al petróleo, se llega a porcentajes
superiores al 55%. Una de las infografías
muestra la participación de cada combustible
en la generación mundial de energía,
situación que no parece que vaya a modificarse
en el futuro. Las posibilidades de sustitución
por fuentes de energía basadas en recursos
renovables y ambientalmente más adecuadas
chocan no sólo contra las limitaciones tecnológicas
y económicas, que finalmente serán
superables, sino también contra los intereses
económicos que se verían afectados
por una sustitución importante.
Esta importancia estratégica del petróleo
ha significado que la magnitud de los intereses
en juego se exprese bajo todas las formas, desde
la diplomacia hasta la guerra. ¿Quién
puede negar que la falsa acusación de Bush
y de Blair sobre la existencia de armas de destrucción
masiva de Irak tenía olor a petróleo?
¿O que el gobierno de los Estados Unidos
no tendría la preocupación que tiene
por Chávez si Venezuela no tuviera los inmensos
recursos petroleros que posee?
Que la inestabilidad de Medio Oriente tiene que
ver con los recursos hidrocarburíferos es
también una cuestión indiscutible,
y una mirada a la distribución mundial de
reservas de petróleo que se presenta en una
de las infografías es muy ilustrativa al
respecto. Más allá de las cuestiones
religiosas, raciales, políticas o de cualquier
otra índole, lo que se dibuja detrás
del desolador escenario de conflicto, guerra y muerte
es una lucha cruel y despiadada por el control del
recurso petrolero.
Por consiguiente, es casi una obviedad decir que
la preocupación por disponer de recursos
energéticos forma parte de la agenda indispensable
de cualquier gobierno medianamente racional. En
particular, desde la crisis del petróleo
de los años setenta del siglo pasado quedó
claro que no se puede pensar siquiera en el crecimiento
económico sostenido de ningún país
si no se tiene una clara estrategia en materia de
recursos energéticos.
En su historia reciente, la Argentina se ha caracterizado
porque la desidia, la irresponsabilidad y las conductas
condenables han incidido crucialmente en el diseño
de sus políticas públicas. Este rasgo
se profundiza aún más cuando se observa
el área referida a hidrocarburos y energía.
Durante muchos años la fuerte presencia estatal
en esa materia fue el rasgo distintivo de la política.
Decisiones erradas, y a veces deliberadamente equivocadas,
mostraban una creciente incapacidad de potenciar
y hacer eficiente el sector.
Esa realidad de empresas públicas sobredimensionadas
en personal, con bajo nivel de inversiones e incorrecta
asignación de sus recursos, y la crisis de
las finanzas del Estado y de la economía
en general, sumadas a un marco ideológico
alentado internacionalmente (el denominado Consenso
de Washington), crearon el ambiente propicio para
la experiencia de privatizaciones y desregulaciones
de la década del noventa.
Con el visto bueno (y la presión) de organismos
internacionales y con el apoyo de la mayoría
de la sociedad argentina que en materia de empresas
públicas no hacía diferencias cuando
demandaba “que las regalen para que no sigamos
perdiendo”, la Argentina otorgó a compañías
privadas la “concesión temporal de explotación”
por 25 años de los yacimientos de hidrocarburos
con todas las reservas comprobadas. En ese período
también privatizó y desreguló
fuertemente todo el sector de energía eléctrica.
En un mundo en el que las disputas por las fuentes
de energía explican muchos de los conflictos
bélicos, el principal error argentino fue
no sólo privatizar de una forma escandalosa
con sospechas de ilícitos, sino que lo hizo
apartando al Estado de sus responsabilidades más
elementales. El Estado de los noventa abandonó
sus obligaciones inexcusables de control al sector
privado, desmanteló las estructuras jurídicas
y de recursos humanos para el ejercicio de sus facultades
y se negó a asumir el rol de planificador
de una política energética.
La situación actual es claramente preocupante
tanto en materia de petróleo como de gas.
En el primer caso, existe un marcado deterioro de
todas las variables; a pesar de la rentabilidad
de las empresas, la producción de crudo del
año pasado fue la más baja desde 1995.
En el caso del gas natural, los aumentos de producción
se han hecho sobre la base de afectar el balance
de reservas, es decir, la producción crece
a costa de una caída de las mismas, cuyo
horizonte temporal se ha reducido a aproximadamente
quince años.
La actitud ausente del Estado en el diseño
de una política en materia de hidrocarburos
se mantiene y ha llevado a un vacío en materia
de planificación energética que coloca
a la Argentina en una situación sumamente
delicada a la hora de pensar en la posibilidad de
sostener los niveles de crecimiento de los dos últimos
años. Esto es así porque en nuestro
país más del 83% de la energía
primaria depende del petróleo y del gas.
El 16 de febrero de 1999, cuando un “black-out”
dejó sin energía inicialmente a más
de doscientos mil servicios (casi ochocientas mil
personas) y colapsó el sistema eléctrico
de Buenos Aires, se tomó conciencia de que
la restricción energética era una
realidad y de que las estrategias de los noventa
de privatizar todo sin control parecían no
garantizar los resultados de eficiencia prometidos.
En otros países del mundo también
hubo apagones que llamaron la atención de
sus gobiernos. Entre esos incidentes, la crisis
eléctrica de California (Estados Unidos)
en el 2000/2001 generó muchas dudas sobre
las supuestas ventajas del proceso que se había
llevado a cabo para desregular el mercado eléctrico.
Del análisis de estos inconvenientes surgieron
lecciones sobre la necesidad de formular planes
para esas contingencias y de planificar más
adecuadamente el futuro energético.
Pero en la Argentina ya han pasado seis años
desde aquella advertencia que oscureció la
Capital Federal y es poco lo que se ha hecho. La
falta de nuevos yacimientos y de infraestructura
de transporte (gasoductos) para el gas natural y
la ausencia de inversiones en proyectos de generación
eléctrica han determinado una crisis cuya
magnitud fue inicialmente ignorada (¡y después
increíblemente ocultada!) por el actual gobierno.
No es con discursos que se pueden diseñar
las soluciones.
Los incumplimientos de contratos de exportación
de gas a Chile (un verdadero “default de gas”),
las restricciones al consumo de las industrias,
los sistemas de “castigos y... castigos”
para el consumo de energía, las centrales
termoeléctricas que utilizaron combustibles
líquidos por falta de gas, etc., son algunos
matices de la total ausencia de una política
integral de energía.
El presidente no puede razonar como si el proceso
de privatización y desregulación no
hubiera existido. El síndrome de negación
no ayuda.
Mientras el gobierno sostiene que el sector privado
es el culpable de la crisis, por lo bajo las empresas
alegan que el congelamiento de tarifas hace inviable
su negocio. El presidente sigue adhiriendo a la
tesis auto-tranquilizadora de la falta de inversión
de las empresas, mientras el ministro De Vido, con
una dosis de irresponsabilidad probablemente sólo
explicable por la ignorancia, minimiza la magnitud
del problema. Ninguna de esas actitudes aumenta
la oferta de energía.
Es imprescindible que se diseñe una estrategia
integral de hidrocarburos y energía que no
podrá excluir, en el corto plazo y formando
parte de un plan de emergencia, un rápido
y transparente proceso de renegociación de
los contratos de concesión de los servicios
públicos. Tampoco puede demorarse la sanción
de una ley nacional de hidrocarburos que establezca
con precisión los derechos y obligaciones
de las empresas que participan en el negocio petrolero
y que recupere el rol del Estado en la regulación
y control del mismo.
La creación de una empresa estatal nacional
(Enarsa) con funciones no muy claramente definidas
y los acuerdos con otros países latinoamericanos
son solamente impulsos con réditos mediáticos
de corto plazo, pero no hace falta ser muy perspicaz
para advertir que la Argentina se enfrentará
en un futuro muy próximo a fuertes limitaciones
en la disponibilidad energética con las inevitables
consecuencias sobre el conjunto de la economía
y la sociedad.
El gobierno ya debería estar pensando en
qué medidas deben adoptarse antes de que
concluyan las concesiones de los yacimientos para
evitar probables procesos de desinversión
típicos de la finalización de contratos.
Pero eso ocurrirá allá por el 2017,
y el horizonte temporal de las preocupaciones oficiales
parece estar mucho más cerca. Son las elecciones
de octubre del 2005... ¡y recién después
pensarán cómo prender la luz en el
2006!
(*) Departamento de Economía
y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Córdoba.
afb2002@hotmail.com
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