Algunos jefes de la Policía
de Córdoba ordenan expresamente a sus subordinados
que realicen detenciones indiscriminadas para engrosar
las estadísticas internas, lucirse ante los
superiores y mostrar eficiencia policial. La presión
por el número genera abusos ya que se encarcela
a personas inocentes, en su gran mayoría,
varones provenientes de barrios humildes. Para los
efectivos que se niegan a cumplir con este mandato
hay un castigo: una mayor recarga horaria y guardias
interminables. “Hagan número, quiero
número”, ordenan los jefes a los agentes
que se disponen a comenzar su guardia de 17 horas,
igual que un gerente pide productividad a sus empleados.
Esta metodología de “inventar”
contravenciones contempladas en el Código
de Faltas provincial fue confirmada a LA MAÑANA
por siete policías en actividad de diferentes
distritos que solicitaron reserva de su identidad
por temor a represalias laborales. Aunque ya existían
denuncias de distintas organizaciones civiles sobre
este tipo de abusos policiales, ésta es la
primera vez que estos hechos se reconocen desde
adentro de la fuerza.
En cada distrito hay diferentes exigencias respecto
de la cantidad de detenidos que se deben acumular
al final del día. Por ejemplo, en el Distrito
3, donde según las fuentes policiales las
órdenes se hacen cumplir a rajatabla, el
requerimiento es un mínimo de cinco contraventores
por turnos y por patrulla. En la Escuela de Suboficiales
y entre los agentes del barrio Villa Belgrano (Distrito
5) confirman esta versión: “Los policías
salen a la calle totalmente presionados queriendo
traer a cualquiera que se les cruce para poder irse
a sus casas temprano”, dijo uno de ellos.
- ¿Y esto qué implica?, preguntó
este medio.
Que la mayoría de los procedimientos por
contravenciones no son verdaderos. Es todo un invento
que tenemos que hacer para llevar gente detenida,
estén o no haciendo nada, para que los números
les den a los jefes. Una verdadera vergüenza.
Otras voces ratificaron el método. “Te
obligan a detener a cualquiera, a cinco personas
por día y por patrulla. Nosotros sabemos
que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende
que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17
horas de guardia. Vos sabés que el tipo no
hizo nada, pero en ese momento sólo pensás
en que no te recarguen”, contó a LA
MAÑANA Raúl, un cabo del Distrito
3.
“Los comisarios inspectores hacen competencias
en sus distritos para ver quién tiene la
mayor cantidad de detenidos. Esto es una chiquilinada
porque juegan con la libertad de la gente”,
remarcó el oficial principal retirado Alejandro
Gauna, el único que se animó a hablar
con nombre y apellido.
Según coinciden todos los relatos, esta orden
tiene como objetivo mejorar la imagen policial y
demostrar, números en mano, que en Córdoba
el delito se combate de manera efectiva. Para eso,
se adoptó la “tolerancia cero”,
doctrina de seguridad pública avalada por
el Gobierno provincial y rubricada en un acuerdo
institucional que firmó José Manuel
de la Sota, de la mano de Juan Carlos Blumberg,
con el Manhattan Institute (MI) en noviembre de
2004. Este organismo impulsó en Nueva York
una línea de trabajo en materia de seguridad
que apunta a reprimir los actos más irrelevantes
que puedan convertirse en futuros delitos. El mejor
ejemplo lo dio el titular latino del MI, Carlos
Medina, quien equiparó a las prostitutas
y limpiavidrios con “terroristas urbanos”.
Según chequeó este medio en fuentes
policiales, los recientes cambios en la cúpula
de la fuerza no alterarían este esquema con
el que supuestamente se combate a la delincuencia.
La permanencia de Jorge Rodríguez en la Secretaría
de Seguridad provincial marcaría una continuidad
en esta política, la que según organismos
de derechos humanos “es un resabio de la dictadura
militar”. Además, el comisario inspector
Carlos Colinos, ex jefe del Distrito 3, sobre quien
caen las mayores acusaciones, acaba de ser ascendido
a la Dirección de Planificación y
Planeamiento Prevencional, en donde se diseñan
las directivas en materia de prevención del
delito. Un libro de detenciones abultado es un pase
seguro al ascenso, sugieren los agentes.
Uno de sus subalternos afirmó que “pide
cinco detenidos todos los días, menos el
sábado que quiere siete y los martes baja
a tres porque es un día ‘colador’.
Entonces vos el domingo a la mañana le llenás
la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar”.
El comisario inspector se negó a responder
preguntas de LA MAÑANA. Tampoco quiso hablar
Rodríguez.
“Ahora no va a cambiar nada porque sigue estando
Rodríguez y es el nexo con el gobierno. De
ahí parten este tipo de políticas”,
opinó Carlos, un suboficial en servicio.
El marco legal a las detenciones irregulares se
lo da el uso de varios artículos del Código
de Faltas, que según organismos de Derechos
Humanos, son inconstitucionales, porque le da a
la fuerza de seguridad un poder discrecional (son
muy vagos en su redacción) y convierte a
los policías en jueces de primera instancia,
ya que pueden privar a un ciudadano de su libertad.
A los contraventores se los lleva detenidos a la
Alcaidía del barrio Güemes (ex cárcel
de Encausados). Los artículos más
usados son: merodeo (86), negativa u omisión
a la identificación (70), escándalo
en la vía pública (51), desorden en
la vía pública (50) y transporte de
carga sin remito (84).
“A veces un pibe está esperando a su
novia en una esquina y vos te lo llevás por
merodeo. Quizás el pibe no tiene nada que
ver... pero es la palabra tuya contra la de él”,
contó una de las fuentes policiales. Y agregó:
“Los grandes números se hacen con los
borrachos, no con los delincuentes en serio”.
Una cabo que prefirió llamarse María,
confesó llena de temor. “A mí
no me piden número, pero me dicen ‘detenidos,
traigan detenidos. Y sí, a veces se elige
a cualquiera”.
Los testimonios de esta nota fueron tomados a dos
semanas del autoacuartelamiento, por reclamos de
mejoras salariales, que animó a hablar a
muchos de los suboficiales disconformes con las
condiciones en las que deben desempeñar su
tarea. El gobierno intenta mostrar ahora que el
foco de protesta está bajo control. Sin embargo,
los movimientos internos aún no se acallaron.
LA MAÑANA solicitó al departamento
de prensa de la policía datos sobre la cantidad
de detenidos en la Alcaidía. “Jamás
entregamos estadísticas”, fue la respuesta.
De todas formas, el comisario inspector Eduardo
Nieto, a cargo del área contravencional de
la Alcaidía, negó que hubiera detenciones
a mansalva: “Nosotros trabajamos con el Código
de Faltas en la mano. No hay un mecanismo de la
policía para engrosar estadísticas,
sino no se respetaría el debido proceso.
El don más preciado del hombre, después
de la vida, es la libertad. Desde ningún
punto de vista vamos a perjudicar a las personas”,
dijo.
Identikit
El relato descarnado de los policías coincide
con las denuncias que salen de los barrios más
humildes sobre procedimientos abusivos. Un grupo
intersectorial de ONG, integrado por La Casa del
Liberado, Serviproh, SEAP, SEHAS y organismos
de Derechos Humanos, acumuló en cuatro
meses entre 300 y 500 denuncias en las que los
adolescentes cuentan cómo se los llevan
detenidos por “portación de cara”.
Hay un identikit definido, quizás el más
buscado por los agentes del orden: tez morocha,
corte de pelo a la cubana, pantalones Adidas,
ropa Insomnio “trucha”, fanáticos
del cuarteto. En general, se los detiene cuando
salen de los barrios y buscan llegar al centro
de la ciudad (ver aparte).
“En la fuerza te van adoctrinando: por ser
morocho y vivir en un barrio son potencialmente
delincuentes. Hay mucho de portación de
rostro: es la franja más débil y
la más fácil de apremiar con detenciones”,
admitió, de manera
inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de
Acción Preventiva (CAP). Aunque la mayoría
de las víctimas de estos procedimientos
son jóvenes y varones, también las
mujeres pueden sufrir en carne propia el abuso
policial, sobre todo si tienen la piel oscura.
Ese fue el caso de la médica municipal
María Elena Silva, detenida sin causa en
barrio Alberdi el pasado 28 de julio, por un policía
de civil que le preguntó de dónde
venía, adonde iba, qué hacía,
como si imperara el estado de sitio. “Mi
caso puede ser por portación de rostro,
porque tengo cara norteña y soy morocha,
pero también puede ser porque yo denuncié
la detención de dos chicos de Villa Bustos,
de 15 y 12 años, a los que llevaron al
calabozo del precinto de Empalme y la excusa fue
que no tenían documentos”, relató.
“El discurso de seguridad es excluir a los
jóvenes de los sectores populares de los
espacios públicos de la ciudad por una
cuestión de imagen”, opinó
uno de los coordinadores del SEAP, Mariano Carrizo.
“Es mucho más grave de lo que todos
se imaginan. La Policía genera miedo en
la sociedad. Los chicos no pueden salir de sus
propios barrios”, agregó Roxana Gauna
de La Casa del Liberado.
Una vez consumada la detención, que según
los casos puede derivar en hasta 90 días
de arresto, la víctima puede apelar en
el Tribunal de Faltas de la Provincia, a cargo
del juez Miguel Torres. En cualquier caso, su
prontuario queda manchado, lo que le impedirá
obtener el certificado de buena conducta que se
exige para el ingreso laboral. Por eso, Carlos,
uno de los policías consultados, admitió
que este proceder “colabora con el desempleo”.
Molesto, Jorge concluyó: “Lo más
doloroso es que le arruinás la vida a mucha
gente. Si le ensucias los dedos, a esa persona
le quedan antecedentes penales y después
no consigue trabajo. Seguimos marginando a las
personas”.
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