Las elecciones del próximo
domingo, que no despiertan ni pasión ni interés
entre los ciudadanos, tienen la particularidad de
que es casi imposible descubrir cuáles son
las diferencias de ideas económicas entre
los candidatos más conocidos.
Por estos días, la hostilidad verbal entre
el oficialismo y su ex aliados del duhaldismo
es tan fuerte, como indiferenciado es su discurso
económico. Esto obviamente no puede sorprender
si se recuerda que el responsable de la política
económica de Kirchner es la misma persona
que, en su momento, lo fue de Duhalde.
Es en este contexto que los argentinos caminan al
próximo acto electoral siendo testigos de
una campaña en la cual parecen existir sólo
dos certidumbres: la primera se refiere a que, en
general, los candidatos del gobierno obtendrán
buenos resultados y la segunda es que de propuestas
económicas se habla relativamente poco.
Parece existir un acuerdo implícito por el
cual el oficialismo capitaliza los éxitos
en materia de crecimiento económico y reclama
apoyo para seguir con el renacer de la patria
y los opositores plantean poco más que denuncias
sobre los peligros de la hegemonía política
del Presidente. Un observador poco advertido podría
pensar que en relación a lo económico
¡no hay nada que discutir!
Pero la casa, ¿está en orden?
Mirada contra la trágica silueta (aún
presente) de la crisis del 2001, la actual situación
no puede lucir de otra forma que no sea la de
un renacer auspicioso de la economía
argentina. Resulta innegable que, más allá
de la influencia de factores internacionales favorables,
la evolución ha sido mucho más positiva
que la esperada tanto por los expertos
de organismos internacionales como por los gurúes
del establishment doméstico.
El éxito del proceso de reestructuración
de la deuda, más allá de algunas
críticas no siempre objetivas, la relativa
estabilidad de precios lograda después
del shock del 2001-2002, el rápido crecimiento
del Producto Bruto en los últimos años
y los abultados superávit fiscales, parecen
ser las fortalezas del gobierno que inhiben la
crítica y el debate económico por
parte de la oposición. No es despreciable
tampoco la influencia que tiene la necesidad de
la sociedad de dejar atrás
los recuerdos de la mayor crisis económica,
política e institucional de los últimos
tiempos.
Sin embargo vale la pena consignar algunos aspectos
que, después del próximo domingo,
van a ocupar el espacio que hoy domina la campaña.
Los siguientes podrían constituir los principales
aspectos de la agenda económica poselectoral:
- Inflación: La difusión
del Índice de Precios al Consumidor de
setiembre alteró el estado anímico
del presidente Kirchner, que volvió a denunciar
a los especuladores que atentan contra
los argentinos y procuran desestabilizar a su
gobierno. En la historia económica argentina
las explicaciones conspirativas han sido utilizadas
muy a menudo, cada vez que la evolución
de alguna variable no mostró el comportamiento
deseado. En esto el Presidente no es original,
ni aporta mucho a la solución del problema
de la inestabilidad de precios.
El dato objetivo es que, con el crecimiento verificado
en el último mes (1.2 por ciento) la inflación
ya acumula un casi un 9 por ciento en lo que va
del año y un 10.3 por ciento en los últimos
doce meses. Ya es evidente que la meta inflacionaria
del gobierno (10.5%) para el corriente año
no podrá ser cumplida y existen elementos
para pensar que en el último trimestre
los precios mostrarán un comportamiento
más dinámico aún. En primer
término porque, pasadas las elecciones,
el gobierno estará más dispuesto
a consentir ciertos aumentos en los servicios
públicos de las empresas privatizadas que
hasta ahora no permite por motivos políticos.
En segundo lugar porque los últimos meses
del año, en particular diciembre, siempre
presenta incrementos estacionales de precios.
Admitir que la meta prevista no se logrará
y abandonar las explicaciones políticas
de la inflación es imprescindible. Este
reconocimiento es importante porque el primer
paso para solucionar un problema es reconocer
su existencia, y la inflación no sólo
es una realidad sino que su tendencia es claramente
creciente.
Si se considera la variación del índice
de precios al consumidor entre setiembre de cada
año y el mismo mes del año anterior,
se puede apreciar la magnitud de la aceleración
que ha registrado el fenómeno inflacionario.
En el 2003 dicho valor fue del 3.5 por ciento,
se elevó al 6.5 por ciento en el 2004 y,
como ya dijimos, llegó a un 10.3 por ciento
en el 2005. Por supuesto que, comparados con la
variación que existió entre los
meses de setiembre del 2001 y setiembre del 2002
(+ 38.5 %), estos valores parecen reducidos; sin
embargo debe tomarse nota que los porcentajes
muestran una tendencia a crecer de forma cada
vez mayor.
Argentina va subiendo cada año un escalón
del proceso inflacionario. Si no se asume que
la inestabilidad de precios se está acelerando,
no hay receta que resuelva la cuestión.
Pasadas las elecciones, y más allá
de todo voluntarismo político, surgirá
como uno de los puntos más importantes
de la agenda la necesidad de atacar este problema
porque la inflación no es un tema coyuntural,
y sus perjuicios son siempre graves.
- Desempleo y pobreza: La explosión
de la tasa de desempleo, que se verificó
con la estrategia seguida por Argentina en la
década de los noventa, ha mostrado una
resistencia a bajar muy importante. Cuando la
economía salió de la recesión
que la aquejaba desde 1998, los aumentos del Producto
Bruto Interno se traducían en reducciones
del desempleo, pero los últimos datos tienden
a mostrar que éste se ha ido tornando cada
vez más inelástico ante aumentos
del PBI. Bajar los niveles de pobreza exige mejorar
el nivel y las condiciones del empleo, cuya precarización
es alarmante. El crecimiento económico,
única base perdurable para lograrlo, exige
una estrategia clara de política económica
que sea capaz de alentar un proceso de inversión
sostenido del sector privado.
En este marco asumirán importancia las
definiciones, hoy ausentes, en materia de energía
y combustibles. En nuestro país más
del ochenta y tres por ciento de la energía
primaria depende del petróleo y del gas,
y ya existen problemas con ambos recursos. En
el primer caso, la producción del año
pasado fue la más baja desde 1995 y en
pocos tiempo nuestro país puede ser importador
neto de petróleo. En gas natural los aumentos
de producción se han hecho a costa de las
reservas, cuyo horizonte se ha reducido a sólo
15 años. Las empresas petroleras sostienen
que las retenciones sobre las exportaciones afectan
la rentabilidad y desalientan las inversiones.
Mientras tanto, la actitud del Estado puede colocar
a Argentina en una situación delicada para
sostener el crecimiento de los últimos
años. Los aumentos en los valores internacionales
del crudo han sido subestimados por el gobierno
y la realidad es que los precios internos en algún
momento se van a ajustar y ello impactará
negativamente sobre toda la economía. La
política de retenciones y acuerdos con
las empresas han mantenido a la Argentina aislada
de las variaciones internacionales, pero ello
no es sustentable a largo plazo. Aunque a veces
las decisiones oficiales lo ignoren, el mercado
interno de los hidrocarburos no puede ser considerado
al margen de influencias globales
porque ello puede tener costos muy elevados para
la economía.
- La distribución del ingreso: La
crisis incrementó la cantidad de nuevos
pobres y, como dijimos, ello ha sido la
consecuencia directa del aumento de la desocupación
y la precarización del empleo que produjeron
las transformaciones económicas de los
años noventa. A ello debe agregarse también
la caída del nivel de ingresos que produjo
la salvaje devaluación asimétrica
que sobrevino a la salida desordenada de la convertibilidad.
Muchos de estos nuevos pobres no sólo han
sido notificados de que el mercado no requiere
su trabajo, sino que simultáneamente se
han enfrentado a la dramática realidad
de que ello no parece ser una situación
transitoria. Mientras más tiempo transcurra
hasta su reinserción más difícil
será su inclusión y más irreversibles
las consecuencias sobre esas personas. La magnitud
cuantitativa de la exclusión social hace
impensable un proceso en el cual emerjan naturalmente
con la recuperación económica. Es
indispensable contar con políticas activas
para abordar el problema, porque el paso del tiempo
transforma a esa pobreza en un dato estructural
del país. Mejorar la distribución
del ingreso es un imperativo ético, pero
también un requerimiento de una economía
capitalista moderna. El asistencialismo,
aunque necesario, no es una solución y
menos aún cuando se lo asocia a prácticas
políticas que denigran la condición
de quien no tiene otra opción que aceptarlo.
Una adecuada estrategia de distribución
del ingreso exige crecimiento perdurable y para
ello seguramente se requerirá una profunda
transformación del sistema impositivo que
no sólo es regresivo, sino que afecta las
posibilidades de inversión y crecimiento.
La cuestión social debe ser dignamente
considerada y es imperioso tener instrumentos
de asistencia y promoción social, pero
también lo es desarrollar estrategias que
alienten a los excluidos a incorporarse efectivamente
al mercado de trabajo.
- Articulación con el resto del mundo
y fortaleza institucional: aunque pueda resultar
electoralmente efectivo, el discurso antiimperialista
del gobierno es inconducente, negativo y deberá
ser reemplazado por actitudes más racionales
con el resto del mundo. No es necesaria una continua
condena a los organismos internacionales o a las
empresas extranjeras para consolidar un espacio
de autonomía nacional para las decisiones.
El respeto internacional se gana, entre otras
cosas, fortaleciendo las instituciones del sistema;
porque la experiencia en todo el mundo indica
que es muy difícil que exista una economía
sólida sin instituciones políticas,
jurídicas y legislativas fortalecidas.
Cuando Octubre haya pasado, y los ecos del resultado
electoral se apaguen, todavía estarán
pendientes estas cuestiones. Son ellas, seguramente
entre muchas otras, las que incidirán efectivamente
en la vida de los argentinos.
(*): Departamento de Economía y Finanzas.
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad
Nacional de Córdoba.
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