Como medida paliativa, el defensor del Pueblo de Córdoba requirió días atrás que el gobierno nacional subsidie también los tubos de gas de 45 kilos. La solicitud, gestionada ante la Presidencia y el Ministerio de Planificación Federal, se formuló en base a un análisis de la problemática energética y de la coyuntura económica cotidiana de los consumidores de gas envasado. “Llevamos a cabo una serie de relevamientos y detectamos que muchos usuarios de gas envasado, que habitualmente compraban los tubos de 45 kilos comenzaron a adquirir garrafas subsidiadas. La ecuación es muy simple: el tubo de 45 cuesta 250 pesos y la garrafa de 15; 25 pesos. Con 250 pesos compran 10 garrafas de 15 kilos o sea 150 kilos de gas por el mismo precio que pagarían por los 45 kilos de un tubo. Esta es una de las situaciones que influyeron para que actualmente se dé un consumo de garrafas mayor al previsto”.
Para Decara esta situación tiene como agravante que “la mayoría de los que consumían tubos de 45 kilos están en una franja social que les permite tener varios envases. “Llegamos a detectar hogares con un acopio de más de diez garrafas, además seguramente disponen de vehículo, lo que les permite salir a buscar las garrafas con ventajas sobre las familias que tiene un envase o dos o tres -a lo sumo- y no cuentan con movilidad propia. Cuando solicitan el reparto a domicilio, los distribuidores justifican el mayor costo y elevan el precio a 30, 40, 50 pesos o más”.
Por otro lado, Decara consideró que una medida que debería tomarse de manera urgente es declarar como servicio público nacional la venta y distribución de gas envasado: “La realidad nos muestra que el envasado y la comercialización del gas son actividades que no pueden cederse a la iniciativa privada y dejar que sean reguladas exclusivamente por el juego de las leyes de mercado. Garantizar la provisión de gas envasado es garantizar derechos humanos esenciales, por lo que el Estado tiene que asumir su regulación y control”.