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Viernes 31 de Mayo - 2013

Es ley el ingreso democrático a la Justicia

Los ejes centrales son el voto popular en la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y la regulación de las medidas cautelares.

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La Cámara de Diputados transformó en ley antenoche el proyecto de ingreso democrático del personal a la justicia a través de concursos públicos que deberán ser convocados y controlados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto fue aprobado por 130 votos a favor del oficialismo y sus aliados, y 84 en contra de la oposición. La iniciativa, que ingresó a Diputados en segunda revisión desde el Senado, fue aprobada sin debate por acuerdo entre los legisladores por un pedido del jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi.
De este modo, el Congreso concluyó con la sanción del paquete de iniciativas que conforman la reforma judicial para democratizar la justicia, cuyos ejes centrales son el voto popular de la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, y la regulación de las medidas cautelares.
La votación del proyecto de ingreso democrático del personal a la justicia se realizó en el marco de la sesión especial solicitada por el oficialismo, en cuyo transcurso se convirtió en ley la iniciativa de exteriorización de divisas no declaradas, a cuyos tenedores se les otorgará bonos destinados a inversiones en energía, infraestructura o el mercado inmobiliario.
El resto de las iniciativas que conforman la propuesta para democratizar la justicia fueron promulgadas por el gobierno nacional, siendo la última la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, la más cuestionada por las corporaciones de jueces y abogados, además de partidos opositores que rechazan la votación directa de académicos, magistrados y letrados.
El proyecto que convirtieron en ley los diputados establece que el objetivo es “regular el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, mediante el procedimiento de concurso público”.
La iniciativa determina que “podrán ingresar al Poder Judicial y al Ministerio público como empleado y personal de maestranza y oficios en el cargo de menor jerarquía y como funcionario en los cargos letrados, mediante el sistema de concursos”.
Permite la designación directa “excepcionalmente” en los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, pero “tales agentes no podrán ser promovidos a planta permanente mediante en forma definitiva” y a los dos letrados.
Además, contempla que deberá establecerse un cupo para discapacitados del 4 por ciento de los cargos a cubrir, siempre que alcancen los requisitos para esos puestos.
Los concursos para el Personal Judicial se efectuarán en la Corte Suprema de Justicia, mientras que los que se postulen para el Ministerio Público o la Defensoría General de la Nación participarán en concursos a desarrollarse en cada dependencia.
La integración de los órganos que deberán convocar a los concursos deberá ser definida para el caso del Poder Judicial por la Corte Suprema de Justicia y deberán realizarse con alcance en todas las jurisdicciones, a los efectos de garantizar la participación ciudadana.
Además fija que no podrán presentarse a los concursos las personas que hubieran sido condenadas por delitos dolosos en los últimos cinco años, o contra la Administración Pública. A lo largo del proyecto se determina que tampoco podrán presentarse a los concursos las personas inhabilitadas judicialmente para ejercer cargos públicos, o por haber vulnerado el artículo 36 de la Constitución Nacional.

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