En un plazo no mayor a los diez, el Ministerio de Gobierno de la Provincia definirá a que jurisdicción municipal o comunal pertenecen las 36 zonas o áreas territoriales en conflicto por la superposición de ejidos presentados entre una o varias administraciones locales.

Por consenso entre las partes involucradas o por decisión política propia luego de analizar los diferentes antecedentes que existen en la materia, la cartera que coordina Carlos Caserio está dispuesta a superar, antes de fin de mes, estos problemas jurisdiccionales de larga data que afectan a una treintena de municipalidades y comunas del interior y a la propia capital cordobesa.

Un equipo de veinte personas, dividido en cuatro grupos diferentes, trabaja contrareloj para determinar con precisión científica a quién pertenecen una serie de áreas territoriales, pobladas en muchos casos y desocupadas en los menos.

Si bien cuando se realizó el censo provincial en el mes de agosto, las zonas de conflicto jurisdiccional eran sólo 13, luego de este relevamiento y a partir de la intimación del Ministerio de Gobierno a varios intendentes y jefes comunales que no habían presentado sus respectivos ejidos, las áreas con superposición de ejidos trepó a 36.

De ese total, casi el 50% se concentra en el departamento Colón. Como ejemplos puede señalarse que Unquillo tiene problemas territoriales con Mendiolaza (el country Cuatro Hojas), Villa Allende, Estación Juárez Célman y Cabana. Jesús María en cambio choca en sus pretensiones territoriales con un sector considerado como propio por Colonia Caroya y zonas grises del departamento Totoral.

Agua de Oro en tanto tiene áreas en pugna con las comunas de Villa Cerro Azul y El Manzano. Villa Allende disputa territorialmente una pequeña superficie urbana con Saldán y Córdoba. Con los ejidos de la Capital también tienen problemas serios Estación Juárez Célman y Saldán. La Calera y Saldán por su parte pelean por el control de una pequeña franja de tierra.

Villa Carlos Paz tiene dificultades del mismo tenor con La Calera, en el área del dique San Roque. Para la primera de esas jurisdicciones su límite territorial se extiende hasta el paredón del nuevo embalse. En cambio para el gobierno calerense el ejido carlospacense concluye a la altura de la pared parcialmente destruida que constituía el imponente muro del primer dique San Roque. También Carlos Paz tiene problemas menores con San Antonio de Arredondo y Malagueño.

Dentro del área del Gran Córdoba, tienen pretensiones superpuestas la comuna de Villa de Anisacate y la Municipalidad de Alta Gracia, aunque ésta última aún no presentó los planos definitivos de su futuro ejido. En el departamento Calamuchita chocan con sus potenciales límites territoriales La Cruz con Embalse, San Agustín con Calmayo y Villa del Dique con Villa Rumipal.

Los Cóndores en tanto pretende avanzar sobre zonas grises de los departamentos Tercero Arriba y Río Cuarto.

En el norte, el caso más emplemático lo constituye la comuna de Cerro Colorado cuyo ejido territorial está distribuido entre tres departamentos diferentes: Sobremonte, Tulumba y Río Seco.

Si los intendentes y jefes comunales no se ponen de acuerdo entre sí en el transcurso de esta semana, la decisión definitiva sobre quien será el titular de las áreas en conflicto será tomada por el Ministerio de Gobierno, luego de analizar varios factores como antecedentes históricos, prestación de servicios, cobro de tasas y la opinión de los vecinos.

En el gobierno esperan que prevalezcan los acuerdos particulares para evitar tener que afrontar el costo político de decidir en favor de una u otra fracción en pugna, sobre todo en algunos sectores muy radicalizados por el enfrentamiento entre los respectivos intendentes.


Solucionaron sus diferencias

Por consenso entre las respectivas autoridades municipales superaron antiguos problemas de límites las autoridades de Malvinas Argentinas, Monte Cristo y Mi Granja por un lado, las de San Roque y Bialet Massé por otro lado y las de Colonia Italiana y Corral de Bustos, en el departamento Marcos Juárez.

Los intendentes o jefes comunales firmaron los respectivos acuerdos limítrofes y los presentaron ante el Ministerio.

De acuerdo a la información brindada por Miriam Capone, la funcionaria que coordina eficazmente todo este proceso de definición de límites, en las oficinas de Catastro se encuentran bajo análisis 170 planos presentados por distintos intendentes o jefes comunales. Hay otros 30 que requieren la visación del Colegio de Ingenieros y 25 más de la aprobación de sendas ordenanzas.

El caso de Alta Gracia es muy especial porque las autoridades habían presentado sus pretensiones territoriales en base a un croquis de coordenadas. Sin embargo, esta documentación es insuficiente puesto que se requiere el uso de un sistema GPS de definición satelital.

En la ciudad del Tajamar concursarán esta semana la adjudicación de este trabajo técnico con un presupuesto total del orden de los 80 mil pesos.

En la administración que lidera el intendente Mario Bonfigli estiman que todo el trabajo de medición técnica demandará al menos 60 días, teniendo en cuenta que deben colocarse mojones y realizar la medición satelital.