El término radicalismo,
según el Diccionario de Política,
de Bobbio, Matteucci y Pasquino, refiere a formaciones
políticas de centroizquierda que tenían
su base social y (
) electoral entre las clases
medias urbanas (y rurales), la intelectualidad burguesa
progresista y las burocracias estatales
en expansión.
Para definirlo señalamos dos perspectivas:
1) es un partido político, clásico,
institucionalizado, herramienta electoral de clases
medias y sectores populares: la Unión Cívica
Radical; o bien, 2) es un movimiento político
con una concepción popular de la vida, es
la fuerza política orientadora que moviliza
las luchas populares por transformaciones políticas
y sociales fundamentales. La profesión de
fe doctrinaria expresa: Es la corriente histórica
de la emancipación del pueblo argentino,
de la auténtica realización de su
vida plena en el cultivo de los bienes morales y
en la profesión de los grandes ideales surgidos
de su entraña...). En ella, partido
y movimiento se conjugan dialécticamente,
con distinta intensidad, expresando la Unión
Cívica Radical y sus gobiernos personificados
en Yrigoyen, Alvear, Illia, Alfonsín y De
la Rúa.
Hoy es evidente la degradación política
y moral, luego de la anémica y desdichada
gestión de este último, que pone en
contradicción ambas perspectivas; entonces
UCR no implica necesariamente radicalismo y viceversa.
El radicalismo concibe la política como construcción
ética, es acción reparadora de la
República y la identidad nacional, es lucha
por derechos humanos y derechos sociales, por la
ecología; es reivindicación de los
desposeídos y ampliación de la democracia;
es compromiso militante de educadores cívicos.
Por el éxito electoral
Pareciera que la UCR -como partido- reduce su
expresión política a la vida institucional
con procesos formalmente democráticos y
débiles vínculos con movimientos
populares en lucha por políticas de integración
y equidad social. Ensordecido por la necesidad
de reafirmarse como herramienta electoral exitosa
(como gustan decir), sufre de manera particular
la crisis de los partidos políticos, por
la fragmentación y empobrecimiento de la
base social que constituye su carta política
natal: clase media y sectores populares, desplazados
de la corriente principal de la sociedad.
En Córdoba, un estudio sociopolítico
e historiográfico de los gobiernos radicales
permitiría ver conexiones y tensiones en
la combinación de estrategias partidarias
y reivindicaciones populares. A tal fin, cabría
diferenciar momentos históricos personificados
por los gobernadores Loza, Borda, Sabattini, Del
Castillo, Páez Molina, Angeloz, y Mestre.
Sin embargo, el predominio de enfoques que analizan
la realidad política, exclusivamente desde
la función electoral partidaria, en rigor
conduce a debates políticamente inconsistentes
donde lo arquitectónico es desplazado por
lo agonal de las tácticas personales. Asimismo,
se observa una constante preocupación por
posicionamientos relativos de candidateables,
resultados de encuestas, diseños de alianzas
electorales, y alusiones permanentes a Kirchner,
De la Sota y Juez, quienes ocupan la posición
del rey en un tablero de ajedrez donde se piensan
jugadas como alfiles o caballos que pretenden
congraciarse con el poder real como
reaseguro de subsistencia, antes que jugar una
partida eligiendo fichas blancas. De ese modo
la UCR corre el riesgo, además de alejarse
de los movimientos populares, de cristalizar como
partido de cohabitación con el neoperonismo
kirchnerista en sus variantes locales.
¿Cuáles serían los caminos
más acertados del radicalismo en Córdoba?
¿Podría conjugar, nuevamente, partido
y movimiento para ser alternativa de poder? Las
respuestas de laboratorio, aunque indicativas,
no poseen la fuerza de la unidad partidaria estratégicamente
orientada a realizar acciones con profundo contenido
humano en concordancia con los reclamos ciudadanos
por devolver sentido a la política.
Alternativas a la vista
En la dirigencia y en el imaginario colectivo,
circulan hipótesis sobre los probables
caminos de la UCR al 2007, veamos:
I) UCR aliada a De la Sota: a pesar de la cooptación
de intendentes radicales por parte del gobierno
provincial, esta alianza implicaría profundas
contradicciones y disolución de la identidad
radical.
II) UCR aliada a Juez: el tronco peronista identifica
al Partido Nuevo, aunque los dirigentes nuevos
-ex radicales- acechan en la UCR con su discurso
dual y cierta seducción. Parecería
probable, pero conllevaría fragmentación
y atomización de la UCR.
III) UCR aliada a partidos de centroderecha
-Recrear, Pro, Primero la Gente, otros-: éstos
promueven políticas neoliberales del reciclado
Consenso de Washington, contrarias al Radicalismo
como corriente de pensamiento y fuerza popular.
IV) UCR aliada a partidos de centroizquierda -ARI,
MID, Socialismo, otros: resultaría coherente
si lidera la UCR, permitiría conjugar partido
y movimiento (más atenuado).
V) UCR aliada a partidos de centroizquierda y
centroderecha -ARI, MID, Socialismo, Recrear,
otros-: predominaría lo electoral con contenidos
republicanos, resaltaría lo partidario
perdiendo consistencia el aspecto movimientista
popular.
VI) UCR con candidatos propios: acentuaría
su identidad como partido y movimiento. Con listas
renovadas de candidatos radicales y espacios abiertos
a representaciones de movimientos sociales, culturales
y productivos no cooptados por el oficialismo,
construiría una base electoral genuina
para impulsar un proyecto político desde
una nueva posición.
Si la política continúa reducida
a lucha por cargos sin delinear con claridad para
qué se ocupan, en función de proyectos
colectivos, la UCR vivirá esto como Acechanza
y como Oportunidad. Acecha el fantasma de su desaparición
si no alcanza el gobierno tanto como si los cargos
a los que acceda continúan en manos de
los mismos pocos de siempre. Tiene la oportunidad
de orientar la lucha por ideales, devolver sentido
a la política, imaginar una sociedad más
justa, atender al hombre como hombre, con
dignidad, como ser sagrado, y reencontrarse
con la esencia del radicalismo. Eso lo transformaría
en un partido diferente y legítimo. Es
la oportunidad histórica que Córdoba
y el país están necesitando.
(*) Vocal Titular de la Asociación Argentina
de Derecho Político
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